El Senado de la República Dominicana ha aprobado un préstamo de US$200 millones, equivalentes a unos RD$11,600 millones, destinado a mejorar la seguridad vial en el país. Este financiamiento permitirá al Poder Ejecutivo implementar un amplio programa, gestionado por el Intrant y el MOPC, que abarca desde la modernización de infraestructuras hasta la atención a víctimas de accidentes, buscando una movilidad más segura para todos los ciudadanos.
La Cámara Alta del Congreso Nacional de la República Dominicana dio su visto bueno a un crédito de doscientos millones de dólares estadounidenses (aproximadamente once mil seiscientos millones de pesos dominicanos). Este capital permitirá al Poder Ejecutivo financiar un extenso plan de seguridad en las vías, con inversiones dirigidas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La iniciativa tiene como objetivo robustecer la circulación segura en el territorio nacional a través de la ejecución de la Política Nacional de Seguridad Vial, la cual abarca desde la intervención de autopistas y zonas escolares hasta la actualización de los sistemas de control del tráfico y la asistencia a personas afectadas por siniestros.
¿Cómo se invertirán los fondos del préstamo?
El capital se distribuirá en diversas áreas, enfocándose en la infraestructura, la tecnología, la formación y el fortalecimiento institucional.
Mejora de carreteras: US$139 millones
La mayor proporción de los fondos, que corresponde al 63.4 % del préstamo (ciento treinta y nueve millones de dólares), se asignará a la renovación de puntos considerados de alto riesgo en importantes vías de comunicación del país. Las intervenciones se realizarán en la Carretera Sánchez, la Autopista de Las Américas, la Autovía del Este y la Autopista del Nordeste, donde se llevarán a cabo análisis técnicos siguiendo la metodología internacional iRAP. Además, se ejecutarán obras como la restauración de superficies de rodamiento, mejoras en la señalización, corrección de pendientes y curvas, adaptaciones para accesibilidad universal y cierre de cruces informales.
Entornos escolares más protegidos: US$20 millones
Otra parte del programa prioriza la seguridad de los alumnos y peatones en las inmediaciones de 286 centros educativos situados en Santo Domingo y Santiago. Con una inversión de veinte millones de dólares, el proyecto contempla la construcción de paradas de transporte, la instalación de reductores de velocidad, rampas de acceso, nueva señalización, mejoras en aceras y pavimentos, así como la creación de espacios seguros para quienes caminan y para ciclistas. Adicionalmente, el Gobierno tiene previsto efectuar estudios técnicos y fomentar la contratación de pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres para la ejecución de una parte de estas obras.
Tecnología, capacitación y ayuda a víctimas: US$35 millones
El tercer pilar concentra treinta y cinco millones de dólares, divididos en tres áreas estratégicas:
- Veinte millones de dólares se destinarán a reforzar la gestión y fiscalización del tránsito, incluyendo la consolidación del Registro Nacional de Motocicletas, la implementación del Sistema Integral de Control y Monitoreo de Velocidad (Sicmov), la creación del Centro de Control de la Movilidad y la modernización tecnológica del Intrant en tribunales y centros de emisión de licencias.
- Nueve punto dos millones de dólares se asignarán al fortalecimiento institucional y educativo, mediante la elaboración de normativas complementarias a la Ley 63-17, el robustecimiento del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi), la implementación de programas de educación vial en las escuelas y campañas de sensibilización ciudadana.
- Cinco punto cinco millones de dólares financiarán mejoras en la atención a las personas afectadas por siniestros viales, lo que incluye el equipamiento para ambulancias y unidades de emergencia, así como la formación especializada para el personal de salud.
Fondos para la gestión del programa
Los seis millones de dólares restantes se utilizarán para cubrir los gastos administrativos y operativos del proyecto, entre ellos la coordinación de las unidades ejecutoras, auditorías, evaluaciones, supervisión técnica y el personal a cargo de la implementación del programa. Con este financiamiento, la administración pública busca disminuir la cantidad de incidentes viales mediante una combinación de obras de infraestructura, actualización tecnológica, formación cívica y fortalecimiento de la respuesta ante emergencias.
