El Ministerio Público se enfrenta a la fecha límite de este jueves para formalizar la acusación contra Santiago Hazim, exdirector de Senasa, y otros nueve implicados en una trama de corrupción. Este caso, que presuntamente defraudó al Estado dominicano por más de RD$19,000 millones, podría enfrentar la extinción de la acción penal si no se presenta el requerimiento conclusivo a tiempo, con serias implicaciones legales para los fiscales responsables.
Las autoridades judiciales tienen hasta el próximo jueves 30 para presentar los cargos formales o cualquier otro documento conclusivo contra el antiguo director del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros nueve acusados. Se les imputa haber participado en una red de corrupción que, según las investigaciones, causó un perjuicio al Estado dominicano superior a los RD$19,000 millones.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público deben entregar el acto final a la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero. Ella será la encargada de asignar el tribunal que llevará a cabo el juicio preliminar.
Si el Ministerio Público no deposita la acusación en el período establecido, el artículo 151 del Código Procesal Penal estipula que el juez encargado de la supervisión de la investigación deberá notificar a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y a los letrados que representan al Estado. Se les concederá un plazo conjunto de 15 días para presentar el requerimiento correspondiente.
En caso de que, transcurrido ese lapso, tampoco se presente una acusación o un acto conclusivo diferente, el juez deberá declarar la cancelación de la acción penal, de acuerdo con lo que dicta la legislación procesal penal.
El mismo artículo 151 también señala que el incumplimiento de estos plazos conlleva responsabilidades civiles y personales para el fiscal responsable del expediente. Además, establece que la notificación de intimación debe ser entregada simultáneamente al Procurador General de la República.
El juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, también ha programado para este jueves la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas a los implicados que permanecen bajo prisión preventiva en el centro penitenciario Las Parras.
Si el Ministerio Público presenta la acusación antes de que expire el plazo, el juez de control dejará de tener potestad sobre el expediente y lo enviará a la jueza coordinadora para que asigne el tribunal que conocerá el juicio preliminar.
Además de Santiago Hazim, la documentación judicial incluye a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, entre otros exfuncionarios y proveedores de Senasa.
Según la fiscalía, algunos de los imputados reconocieron haber efectuado pagos ilícitos a Hazim y a otros empleados de la ARS estatal. Esta cooperación les permitió obtener arresto domiciliario en lugar de la prisión preventiva.
La investigación sostiene que la presunta red operó entre 2020 y 2025, a través de un esquema que habría defraudado al sistema público de riesgos de salud por una suma superior a los RD$19,000 millones.
Los acusados enfrentan cargos por colusión de funcionarios, prevaricación, asociación delictiva, fraude contra el Estado, desfalco, cohecho, blanqueo de capitales, falsificación y uso de documentos fraudulentos.
El Ministerio Público ha señalado que el caso sigue en curso y que otras personas, tanto naturales como jurídicas, continúan bajo investigación.
