El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 310 del reformado Código Penal. La institución argumenta que este artículo compromete el derecho a la defensa, el debido proceso y la autonomía profesional de los abogados, solicitando al Tribunal Constitucional que evalúe su conformidad con la Carta Magna.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) interpuso este lunes una demanda directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El recurso se dirige contra el artículo 310 del Código Penal, recientemente modificado, al considerar que transgrede el derecho a la defensa, el debido proceso y la autonomía en la práctica legal.
El CARD afirmó que la cláusula impugnada afecta derechos fundamentales y solicitó al Tribunal Constitucional que establezca si dicho artículo se alinea con la Constitución. De acuerdo con la entidad, la normativa podría restringir el ejercicio libre de la profesión y dificultar el acceso de los ciudadanos a una representación legal adecuada.
Potentini se presentó ante el alto tribunal acompañado por integrantes de la junta directiva, líderes de las secciones y antiguos presidentes del Colegio de Abogados, quienes manifestaron su apoyo a la iniciativa legal. El CARD sostuvo que la asistencia legal profesional es una garantía esencial del debido proceso, y que cualquier regulación que incida en la labor profesional de los juristas debe ser sometida a un riguroso escrutinio de constitucionalidad.
La organización aseguró que seguirá de cerca el desarrollo del proceso y mantendrá su postura contraria a cualquier disposición legal que, a su parecer, restrinja de manera injustificada el ejercicio de la abogacía o menoscabe derechos esenciales.
