El Ministerio Público ha reiterado que las solicitudes de Jean Alain Rodríguez Sánchez para extinguir la acción penal son improcedentes, buscando evitar enfrentar las pruebas en su juicio. La procuradora Mirna Ortiz enfatizó que los plazos para la extinción no son meramente matemáticos, sino que consideran la complejidad del caso y los criterios de plazos razonables, haciendo imposible una sentencia de extinción en este proceso.
El Ministerio Público afirmó nuevamente este lunes que las solicitudes de Jean Alain Rodríguez Sánchez para evadir su responsabilidad frente a las pruebas del juicio, mediante una recurrente petición de extinción de la acción penal previamente desestimada, carecen de fundamento legal.
Así lo expresó la procuradora de corte Mirna Ortiz, quien lidera la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al considerar inviable que un tribunal dicte una resolución de extinción de la acción penal en este asunto. "¿Qué ocurrirá con este incidente? Lo mismo que ha sucedido con procedimientos anteriores", declaró.
Ortiz recordó que el Tribunal Constitucional ha fijado la manera en que se debe calcular la duración de un proceso. "El periodo para la extinción no es un cálculo exacto; es un plazo que debe considerar la envergadura y la dificultad del proceso, tal como lo estipula la normativa", señaló. "Y también debe abordar los principios de plazos justos, que ahora se encuentran en el artículo 146 del Código Procesal Penal; por lo tanto, nunca podrá dictarse una sentencia de extinción en este proceso y se verán obligados a enfrentar el juicio de fondo", subrayó.
La funcionaria indicó que, en la jornada de hoy, el acusado y sus defensores intentaron una vez más posponer el procedimiento, solicitando al tribunal una ampliación del plazo de dos horas que se les había otorgado para presentar su incidente. "Invertimos, prácticamente, tres horas para que el tribunal les confirmara nuevamente que solo disponían de dos horas para la presentación de su incidente de extinción", apuntó Ortiz, al responder a los periodistas que la abordaron en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Ortiz representa al Ministerio Público junto al procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, y los fiscales Enmanuel Ramírez y Melbin Romero.
Durante la jornada de este lunes, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aceptó la petición del Ministerio Público y rechazó la solicitud de la defensa de Jean Alain Rodríguez, quienes pretendían obtener más tiempo para exponer las conclusiones del incidente que habían presentado por escrito en la secretaría del tribunal.
A petición del Ministerio Público, el pasado miércoles el tribunal ordenó la continuación del juicio tras desestimar un recurso de oposición a decisiones previas presentado por varias defensas, incluyendo la solicitud de extinción del proceso penal.
Las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Yissell Soto, pospusieron la audiencia después del mediodía de este lunes y ordenaron su reanudación en horas de la tarde, donde Rodríguez Sánchez finalizó la presentación de su petición. Posteriormente, tras concluir la agenda del día, alrededor de las 4:30 de la tarde, el tribunal estableció el aplazamiento de la audiencia hasta el miércoles 29 de julio de 2026, a las 9:00 de la mañana.
El expediente acusatorio detalla que Rodríguez Sánchez desvió más de RD$6,000 millones a través de procedimientos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que ejerció como procurador general de la República.
Además de Rodríguez Sánchez, figuran en el expediente: Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También, son procesados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás implicados enfrentan cargos por actos de corrupción, que incluyen soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
