La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha ratificado la medida de prisión preventiva contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara. Este funcionario judicial enfrenta cargos por presuntamente solicitar un soborno de US$10,000 durante una investigación, confirmándose su permanencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha confirmado la prisión preventiva impuesta al fiscal Aurelio Valdez Alcántara. Este funcionario está siendo procesado por el Ministerio Público bajo la acusación de solicitar un soborno a un investigado, recibiendo diez mil dólares estadounidenses en una operación controlada.
Durante la audiencia, la representación del Ministerio Público estuvo a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho, quien dirige la Dirección General de Persecución, junto a los fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez. Ellos solicitaron al tribunal que se mantuviera la medida de prisión, argumentando que no han cambiado las circunstancias presentadas por la defensa en la sesión inicial donde se dictó la coerción.
Nancy María Joaquín Guzmán, actuando como jueza de la Instrucción Especial, desestimó la petición de la defensa de modificar la prisión preventiva. Esta solicitud se conoció durante la revisión de la coerción que se le aplicó a Valdez Alcántara en mayo, estableciendo un periodo de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, ubicado en la provincia de San Cristóbal.
El veintinueve de junio, la jueza Joaquín Guzmán dejó sin efecto la revisión de la medida coercitiva para Valdez Alcántara. Esta decisión fue consecuencia de un recurso que analizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el tres de junio, momento en el cual también se le ratificó la privación de libertad. La magistrada Joaquín Guzmán ha programado la revisión obligatoria de la medida para el próximo tres de septiembre.
El Ministerio Público acusa a Valdez Alcántara de infringir diversos artículos del Código Penal dominicano y de la Ley 155-17, la cual aborda el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La medida de coerción fue determinada en mayo por la jueza Ysis Muñiz, del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. La decisión se tomó después de que ella rechazara varias objeciones presentadas por la defensa técnica del implicado, la cual incluso había solicitado la anulación del procedimiento.
Valdez Alcántara demandó inicialmente doscientos mil dólares (US$200,000) a la persona bajo investigación. Esta cantidad se redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) en una negociación donde también expresó interés en un reloj de la marca Rolex y exigió un automóvil Mercedes Benz.
