El próximo lunes 3 de agosto marca la entrada en vigor del nuevo Código Penal, que establece la salud como un bien jurídico protegido. Esta modificación legislativa introduce sanciones penales para clínicas y centros de salud privados por faltas de imprudencia, fortaleciendo la responsabilidad en la prestación de servicios. El abogado Eric Raful destaca que este cambio representa un avance significativo en la tutela jurídica del derecho a la salud de los ciudadanos.
El jurista Eric Raful manifestó este jueves que una de las modificaciones más significativas del nuevo Código Penal, que entrará en vigencia el lunes 3 de agosto, es la inclusión de la salud como un bien jurídico protegido. Esto refuerza la responsabilidad penal en la provisión de servicios sanitarios. “La salud se convierte en un bien jurídico protegido con el nuevo Código Penal”, afirmó el especialista, explicando que la nueva normativa establece penalizaciones para instituciones y centros de salud privados cuando incurran en errores por descuido, como la ausencia de supervisión o el incumplimiento de las exigencias para profesionales y usuarios durante los procesos de atención médica.
Raful detalló que la legislación actual solo considera responsabilidades de índole civil para los establecimientos sanitarios, incluyendo el cierre de locales y la imposición de sanciones económicas calculadas en salarios mínimos. Sin embargo, indicó que con la implementación del nuevo Código Penal, también podrán afrontar consecuencias penales si se demuestran negligencias o acciones imprudentes en la entrega del servicio.
El letrado señaló que esta reforma significa una mejora en la protección legal de la salud, al establecer repercusiones penales para los proveedores de atención médica que no cumplan con los criterios y obligaciones exigidos por la ley. A pesar de ello, cuestionó la inclusión del concepto de imprudencia consciente, al considerar que es ilógico que la imprudencia pueda ser cometida de forma intencional.
