La audiencia del caso SeNaSa 2.0 se centró en el vencimiento del plazo para que el Ministerio Público presentara su requerimiento final, resultando en un aplazamiento de la revisión de medidas de coerción hasta el 5 de agosto. Esta decisión generó diversas opiniones entre la defensa, la fiscalía y los querellantes respecto al estado actual del proceso judicial y la posibilidad de acuerdos alternativos.
El término para que la fiscalía presentara la acusación final en el expediente SeNaSa 2.0 fue el foco de atención durante la sesión judicial llevada a cabo este jueves ante el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional. Aunque el tribunal pospuso para el 5 de agosto, a las 9:00 de la mañana, la revisión obligatoria de las medidas de coerción, esta determinación originó posturas divergentes entre los abogados defensores, el Ministerio Público y la parte demandante sobre la situación del proceso.
La directora de Persecución del Ministerio Público, Mirna Ortiz, explicó que el aplazamiento se debió a una solicitud de algunos equipos de defensa para disponer de más tiempo y preparar los argumentos que se discutirán durante la revisión de las medidas de coerción, petición que el tribunal aceptó al tratarse de una cuestión legal. Asimismo, puntualizó que hasta el momento no existe ningún pacto con los acusados, aunque reiteró que la fiscalía mantiene una postura favorable a soluciones alternativas cuando la legislación lo permite.
Por su parte, el representante legal de Santiago Hazim, Miguel Valerio, manifestó que la defensa necesitaba más fundamentos para enfrentar esa revisión y afirmó que espera que la investigación continúe progresando antes de la próxima comparecencia. Añadió que, aunque ha apoyado acuerdos en otros procedimientos, en este caso no respalda esa posibilidad.
Mientras tanto, el abogado querellante Miguel Surun expresó que, en su opinión, ya se cumplió el período de ocho meses para que el Ministerio Público depositara el requerimiento conclusivo y las evidencias que sostienen el proceso. Agregó que espera que entre las pruebas se incluyan las comunicaciones y el historial del teléfono atribuido a Santiago Hazim, al considerar que podrían proporcionar datos importantes para la clarificación del caso.
