El jurista Félix Portes ha denunciado una supuesta transgresión al debido proceso en la entrega de un individuo aprehendido con orden judicial al alcalde de San Francisco de Macorís, Antonio (Alex) Díaz Paulino. Portes exige una investigación inmediata para esclarecer las responsabilidades y determinar las posibles infracciones a la ley en este suceso. La situación ha generado preocupación sobre el respeto al Estado de derecho y la independencia del sistema judicial.
El letrado Félix Portes denunció este jueves una presunta vulneración de los derechos procesales fundamentales, luego de que una persona bajo arresto judicial fuera entregada al alcalde de San Francisco de Macorís, Antonio (Alex) Díaz Paulino. Por tal motivo, demandó una investigación pronta para establecer a los responsables.
Según un comunicado, el señor Ángel Luis Reyes Moya fue detenido el 29 de julio de 2026 por miembros de la Subdirección Regional Noreste de Inteligencia (DINTEL) de la Policía Nacional. Esta acción se llevó a cabo en cumplimiento de la Orden Judicial de Arresto núm. 601-01-2025-EADM-00671, emitida como parte de una investigación por intento de homicidio contra un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).
Portes afirmó que, conforme al Oficio núm. 048, firmado por el coronel Pablo Urbáez Feliz, subdirector regional de Investigaciones Noreste, el detenido fue entregado a las 10:16 de la noche del 29 de julio al alcalde de San Francisco de Macorís. Esta entrega se realizó sin autorización del Ministerio Público y sin que el individuo fuera presentado ante el juez competente.
El abogado aseguró que el mismo documento policial indica que la determinación fue tomada de común acuerdo entre el director regional Noreste de la Policía Nacional, general Julio César Acosta Félix, y el coronel Urbáez Feliz. Alegaron motivos de orden público y presiones políticas derivadas de manifestaciones ocurridas en la provincia.
Asimismo, Portes señaló que el oficio menciona que el alcalde se comunicó vía WhatsApp con la fiscal titular de Duarte, quien respondió que aún no tenía conocimiento del arresto. A juicio de Portes, esto demuestra que la entrega del detenido se efectuó al margen de las autoridades fiscales.
El jurista también hizo referencia a una solicitud de información emitida por el fiscalizador Pedro William Concepción, donde, según él, la Procuraduría Fiscal de San Francisco de Macorís certifica que el detenido fue liberado sin la autorización de la Fiscalía y solicita la identificación de la persona que autorizó su salida.
Portes sostuvo que la acción denunciada contraviene disposiciones de la Constitución y del Código Procesal Penal, ya que toda persona aprehendida por orden judicial debe permanecer bajo la custodia del Ministerio Público y ser presentada ante la autoridad judicial dentro del plazo constitucional.
En este contexto, calificó el suceso como un “grave retroceso” para el sistema de justicia y alertó que permitir la intervención de una autoridad política en la disposición de un detenido afecta el Estado de derecho y el principio de legalidad.
Ante esta situación, solicitó a la Procuraduría General de la República iniciar una investigación penal para determinar las responsabilidades de los oficiales policiales y de la autoridad municipal implicada. Además, pidió al director general de la Policía Nacional establecer responsabilidades disciplinarias; al director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, investigar una posible interferencia en una investigación penal; y a la ministra de Interior y Policía requerir un informe oficial sobre lo sucedido.
Finalmente, exigió que se conserven todos los documentos, registros, comunicaciones y grabaciones relacionados con la detención, traslado y entrega del individuo, con el propósito de asegurar el desarrollo de una investigación transparente.
