La República Dominicana busca combatir el abandono y maltrato de sus poblaciones más vulnerables, niños y ancianos, mediante la implementación de un nuevo Código Penal. Esta reforma legal establece sanciones significativamente más estrictas, con penas de prisión que podrían extenderse hasta 30 años. La medida surge en un contexto donde las denuncias por maltrato y desamparo continúan siendo elevadas, planteando un desafío persistente para las autoridades y la sociedad en general.
En la República Dominicana, a pesar de la existencia de programas y entidades dedicadas a su resguardo, los niños y las personas de edad avanzada en situación de fragilidad siguen experimentando el desamparo y el abuso. Frente a esta problemática, el reciente Código Penal introduce castigos más rigurosos para quienes cometan estos delitos, que oscilan entre dos y treinta años de reclusión, conforme a las particularidades y consecuencias de cada incidente. Según datos proporcionados por el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), entre los años 2020 y 2025 se registraron 2,675 reportes de maltrato a personas mayores, abarcando disputas familiares, agresión psicológica, desatención y transgresiones al derecho de propiedad. Por su parte, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) reportó 1,114 denuncias durante el año 2025, lo que representa un aumento de aproximadamente 200 casos en comparación con el 2024. Estas estadísticas demuestran la continuidad de este problema y subrayan la necesidad de fortalecer la protección de estos grupos susceptibles. Con la intensificación de las sanciones, surge la pregunta: ¿serán las nuevas penalizaciones suficientes para disminuir los incidentes de abandono y maltrato?
Estadísticas de las denuncias
El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) comunicó que, a través de su División de Quejas y Seguimiento de Casos, recibió un total de 2,675 quejas entre septiembre de 2020 y junio de 2025, de las cuales 1,419 correspondían a mujeres y 1,256 a hombres. Según la información difundida en el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, correspondiente a la semana 23, de manera preliminar, las quejas más frecuentes abarcan conflictos familiares (616), violencia psicológica (282), desamparo (399) y violación al derecho de propiedad (317). Por otro lado, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) mantiene en su plataforma un registro anual de las denuncias, que comprende desde 2022 hasta 2025, emitido por la dirección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), indicando que el año previo se acumuló una cifra cercana a los 3,000 casos.
Leyes y programas buscan reforzar la protección de envejecientes y menores
La salvaguarda de las personas de edad avanzada y los niños está respaldada por un marco legal que contempla tanto derechos como sanciones ante situaciones de desamparo y vulnerabilidad. Con la inminente entrada en vigor de la Ley 74-25 del Código Penal, los artículos 155, 156, 214 y 215, junto con sus respectivos párrafos, establecen un incremento en las penalizaciones para estos delitos, con sentencias que van desde los dos hasta los 30 años de privación de libertad, dependiendo de las circunstancias y los factores agravantes de cada caso.
En lo que respecta a los adultos mayores, el artículo 57 de la Constitución garantiza su derecho a una atención médica oportuna, medicamentos, una pensión justa y a tiempo, una vivienda digna y actividades recreativas. Asimismo, estipula que los ancianos desprotegidos tienen derecho a alojamientos gratuitos que aseguren los cuidados especiales que requieren. Entre los programas orientados a las personas más desfavorecidas se encuentran el Programa Protección a la Vejez en Pobreza Extrema y la Tarjeta Solidaridad. Para los menores de edad, la Ley 136-03 establece el marco legal para su resguardo integral y regula los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, así como la responsabilidad del Estado, la sociedad, las familias y los individuos desde su nacimiento hasta que cumplen los 18 años de edad.
