El Consejo del Poder Judicial dio a conocer este martes un conjunto de acciones destinadas a robustecer su capital humano e instalaciones. Este anuncio surge en un contexto de demandas por parte de jueces y empleados judiciales, quienes buscan optimizaciones en sus condiciones de trabajo. Dichas demandas han culminado en la convocatoria de una huelga programada para el 21 de mayo.
El Consejo del Poder Judicial hizo público este martes un compendio de medidas dirigidas a consolidar el capital humano y la estructura judicial. Esto ocurre en un momento de tensión, con jueces y personal judicial exigiendo mejores condiciones laborales y organizando un paro para el próximo 21 de mayo.
Esta determinación se toma mientras la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (Asojurd) aguardaba los resultados de la reunión del Consejo, motivada por la amenaza de huelga. La presidenta de Asojurd, la magistrada Isis Muñiz, había señalado que el colectivo ha estado solicitando mejoras desde 2022, sin obtener hasta ahora una propuesta concreta del Poder Judicial que satisfaga sus peticiones.
Entre las medidas comunicadas, el organismo judicial notificó que pondrá en marcha proyectos enfocados en el ajuste salarial, mejoras a las instalaciones judiciales, disminución de la dilación en los tribunales y el fortalecimiento del talento humano, en el contexto del Plan Justicia del Futuro 2034.
Asimismo, el Consejo ordenó la presentación de una ruta a seguir para la evolución dentro de la carrera judicial, así como la identificación de recursos para el pago de suplencias y la aceleración de las vacantes pendientes en los tribunales.
El Poder Judicial explicó que las recientes inquietudes manifestadas por jueces y servidores judiciales fueron recogidas durante encuentros regionales llevados a cabo en el primer trimestre de 2026, como parte de la ejecución del plan estratégico institucional.
También se determinó que la Dirección General de Administración y Carrera Judicial informe formalmente las decisiones tomadas a todos los jueces y personal judicial, incluyendo específicamente a los firmantes de la comunicación enviada el pasado 8 de mayo.
La institución afirmó que la transformación de la justicia dominicana exige mecanismos permanentes de diálogo y construcción conjunta para responder de forma sostenible a las necesidades del sistema y de la ciudadanía.
