El partido Fuerza del Pueblo ha instado al Gobierno a clarificar los detalles sobre la contratación y financiación del asesor financiero de la Presidencia para la reforma policial. Además, la organización política solicita una auditoría exhaustiva de los fondos invertidos en este proceso desde 2021, argumentando la necesidad de plena transparencia y rendición de cuentas ante la persistente percepción de inseguridad ciudadana.
La organización política Fuerza del Pueblo (FP) pidió este martes al Gobierno que revele la información referente a la contratación, los salarios y las fuentes de financiamiento del consultor financiero de la Presidencia para el programa de reforma policial. Adicionalmente, solicitó una revisión especial de los fondos asignados a dicho proceso desde el año 2021.
Mediante un anuncio oficial, Josefina Reynoso, secretaria de Seguridad Ciudadana de la agrupación, aseveró que el Poder Ejecutivo no ha especificado qué entidad contrató al consultor, el monto de su remuneración, la forma en que se financia su vínculo laboral ni el gasto total de la reforma policial, así como los logros alcanzados hasta el momento.
La líder política opinó que el Gobierno debería hacer públicos los acuerdos, nombramientos, pagos, especificaciones de trabajo e informes de todos los consultores involucrados en el proceso de transformación de la Policía Nacional. Igualmente, demandó que se identifiquen las instituciones encargadas de los desembolsos y las partidas presupuestarias empleadas para costear estas contrataciones.
Fuerza del Pueblo también reiteró su petición para que la Cámara de Cuentas realice una inspección completa e imparcial de los recursos asignados a la reforma policial. Esto abarcaría los desembolsos en consultorías, asesorías, adquisiciones, formación, tecnología, infraestructura, logística y colaboración internacional de las entidades participantes.
Reynoso afirmó que la claridad en la administración de los recursos públicos destinados a la reforma policial es un deber constitucional. Cuestionó que, después de varios años de ejecución del plan, la población siga experimentando altos niveles de inseguridad.
