Participación Ciudadana manifestó su inquietud por la discordia interna en el Poder Judicial dominicano, generada por peticiones de mejoras laborales y acusaciones sobre el manejo de fondos. La entidad cívica resaltó que estas tensiones han provocado la convocatoria a un paro de labores por parte de asociaciones de jueces. La organización aboga por un diálogo abierto y una rendición de cuentas clara para resolver la crisis.
Este martes, Participación Ciudadana manifestó su honda preocupación por la fractura interna que se ha manifestado en el Poder Judicial de la República Dominicana, en un contexto marcado por solicitudes de mejores condiciones de trabajo y acusaciones sobre un supuesto manejo inapropiado de los recursos de la institución. La organización cívica apuntó que estas tensiones han llevado a asociaciones de jueces a convocar a una suspensión de actividades para este jueves 21 de mayo.
“Debemos proteger el derecho de los jueces a solicitar mejoras en sus condiciones laborales, incluyendo incrementos salariales. No obstante, hacemos un llamado a encauzar estas demandas con responsabilidad y teniendo presente que una división del Poder Judicial solo favorecerá a quienes históricamente han pretendido someterlo a intereses ajenos a la correcta administración de justicia”, señaló la organización en un comunicado.
Participación Ciudadana estimó que las demandas presentadas son legítimas y merecen una respuesta acorde a las posibilidades reales del Poder Judicial. En su opinión, esto podría requerir una redefinición de prioridades y la elaboración de un plan gradual que permita atender las reivindicaciones a lo largo del tiempo.
La entidad sostuvo que la solución debe emanar de un diálogo abierto entre el Consejo del Poder Judicial y las asociaciones de jueces, sin exclusiones y con la mayor transparencia posible.
Asimismo, Participación Ciudadana aseveró que, dada la seriedad de las acusaciones sobre el presunto uso indebido de los recursos, corresponde al Consejo del Poder Judicial y a su presidente ofrecer una rendición de cuentas detallada. También planteó la necesidad de que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana lleve a cabo una auditoría independiente.
Finalmente, la organización lamentó que esta crisis se produzca en un momento en que el Consejo Nacional de la Magistratura debe reunirse para evaluar a 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, incluido su presidente, y expresó su esperanza de que esta situación no afecte el desarrollo de ese proceso.
