Miguel Surum Hernández, expresidente del Colegio de Abogados, ha criticado severamente las condiciones laborales de jueces y fiscales, reclamando mayor presupuesto y salarios justos para el sistema judicial. Asimismo, ha instado a que se mantenga la prisión preventiva para los implicados en el caso Senasa, enfatizando la necesidad de una justicia firme y ejemplarizante para la sociedad.
Durante una pausa en la audiencia donde se revisaban las medidas de coerción del caso SeNaSa, Miguel Surum Hernández, quien fuera presidente del Colegio de Abogados, manifestó su preocupación por las condiciones en las que, según su apreciación, desempeñan sus labores jueces, fiscales y personal de apoyo del sistema de justicia. Demandó el cumplimiento de la Ley 194-04, la cual garantiza la autonomía financiera. Afirmó que el sistema judicial y la fiscalía requieren más recursos y remuneraciones adecuadas para llevar a cabo sus tareas de manera efectiva.
Surum calificó de “lamentable” el estado de algunas oficinas judiciales y sostuvo que esta situación perjudica el acceso a la justicia y la defensa de los derechos fundamentales. “Es inadmisible que la República Dominicana, precisamente por el ahogamiento económico que el Poder Ejecutivo ejerce sobre el sistema de justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público, con el fin de ejercer control, siga contando con los mismos jueces y fiscales de hace dos décadas”, declaró.
Respecto al caso SeNaSa, Surum insistió en que debe haber una respuesta enérgica ante el supuesto desfalco y solicitó que se mantenga la prisión preventiva para los acusados. “La sociedad dominicana necesita y merece justicia, y que los principales responsables paguen por sus acciones, no solo aquellos que cometen delitos menores”, expresó.
La investigación sobre las presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) cobró relevancia después de que la periodista Nuria Piera presentara un informe que revelaba anomalías en la gestión de la Administradora de Riesgos de Salud estatal. Tras dicha publicación, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), inició una investigación que culminó con la presentación ante la justicia de varios exfuncionarios y personas relacionadas con el asunto.
Como parte del proceso, algunos de los imputados se encuentran bajo prisión preventiva, mientras que otros cumplen arresto domiciliario. La revisión obligatoria de las medidas de coerción, establecida en el Código Procesal Penal, no implica un juicio sobre el fondo del expediente, sino una evaluación para determinar si las circunstancias que justificaron las medidas cautelares persisten o si estas deben ser modificadas.
