La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha inhabilitado a 81 funcionarios electos y designados, incluyendo a 11 senadores, como proveedores del Estado. Esta medida se fundamenta en la nueva Ley 47-25, que prohíbe cualquier participación societaria o de gestión de funcionarios en empresas que contraten con el Estado, a diferencia de la normativa anterior. La DGCP aclara que esta acción es preventiva y no una sanción.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) comunicó este miércoles la inhabilitación de oficio de 81 inscripciones en el registro de proveedores del Estado (RPE) de funcionarios que han sido elegidos o designados durante el año 2026. Esta acción forma parte de la implementación de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, la cual entró en vigor en enero de este año.
La entidad explicó que la exclusión de los RPE de once senadores, efectuada el diecinueve de junio pasado, se enmarca en la aplicación de la nueva legislación. Dicha normativa establece un sistema de impedimentos absolutos para aquellos funcionarios que han sido electos o nombrados en cargos públicos.
Según la DGCP, a diferencia de la Ley 340-06, ya derogada, que permitía a funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos mantener hasta un diez por ciento de participación accionaria en negocios que fueran proveedores del Estado, la Ley 47-25, en su artículo 38, prohíbe cualquier tipo de participación en sociedades, sin importar el porcentaje. Asimismo, veta el ejercicio de roles de dirección, gerencia o la integración en consejos de administración.
La institución recordó que el trece de febrero de 2026 emitió la circular DGCP44-PNP-2026-001, mediante la cual concedió un lapso de quince días laborables para que los funcionarios afectados por las causas de inhabilidad solicitaran voluntariamente la suspensión de su registro como proveedores del Estado. Una vez concluido ese plazo, procedió a ejecutar las suspensiones de manera automática, conforme a lo establecido en el artículo 69 del Reglamento de Aplicación 52-26.
De igual forma, señaló que los cruces de datos, las verificaciones y los procesos de diligencia debida que resultaron en el acto administrativo DGCP44-2026-002424 forman parte de las actividades regulares para salvaguardar la integridad del Registro de Proveedores del Estado.
Aclaran que no es una sanción
La DGCP enfatizó que la inhabilitación del RPE no se considera una penalización administrativa ni una medida punitiva. Por el contrario, es una disposición de naturaleza preventiva, cuyo propósito es asegurar el acatamiento de las restricciones contempladas en la Ley 47-25 mientras los funcionarios se encuentren desempeñando sus responsabilidades.
591 registros también fueron suspendidos bajo la ley anterior
La entidad informó que, además de los 81 registros inhabilitados bajo la nueva normativa, entre los años 2020 y 2025, procedió a suspender de oficio 591 Registros de Proveedores del Estado. Estos correspondían a funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos, autoridades municipales elegidas para el período 2024-2028 y empresas vinculadas, en cumplimiento de las estipulaciones del artículo 14 de la Ley 340-06, que estaba vigente en ese momento.
