Un juzgado de Monseñor Nouel ha dictado medidas cautelares contra un individuo implicado en graves daños ecológicos en Piedra Blanca. La acusación surge tras la documentación de la tala de aproximadamente mil árboles y la intervención de unas 400 tareas de terreno. Este proceso subraya el compromiso de las autoridades ambientales en la protección de los recursos naturales del país.
Un tribunal en la provincia de Monseñor Nouel ha dictaminado medidas de coerción contra un individuo sospechoso de causar importantes perjuicios al medio ambiente en el municipio de Piedra Blanca. Esto ocurrió después de que el Ministerio de Medio Ambiente registrara la deforestación de cerca de mil árboles y la alteración de unas 400 tareas de terreno. El implicado es Pedro Alexis Henríquez López, conocido como “Alex Turey”, contra quien la cartera ambiental interpuso una denuncia tras diversas evaluaciones técnicas en la zona afectada.
Además de la tala indiscriminada de árboles de diferentes especies, las autoridades verificaron la creación ilícita de dos caminos privados, áreas impactadas por incendios y la eliminación de la vegetación de sotobosque. Dada la magnitud de los daños, el Ministerio de Medio Ambiente presentó el 13 de agosto de 2025 una querella, constituyéndose en actor civil, ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. La acusación sugiere posibles infracciones a la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00 y a la Ley Sectorial Forestal No. 57-18.
Luego de analizar las pruebas presentadas durante el procedimiento, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Monseñor Nouel impuso al acusado la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse periódicamente. Henríquez López deberá comparecer los días seis de cada mes ante el Ministerio Público y la Secretaría del Despacho Judicial Penal de Monseñor Nouel, como parte del mecanismo de supervisión establecido por el tribunal. Esta medida no constituye una sentencia, sino que forma parte del proceso legal mientras las autoridades continúan con las actuaciones pertinentes.
El Ministerio de Medio Ambiente ha declarado que intensificará sus labores de vigilancia, fiscalización e intervención legal frente a acciones que puedan dañar los recursos naturales de la nación. La institución recordó que sus funciones comprenden la detección de posibles infracciones, la realización de inspecciones, la documentación técnica de los daños y la presentación de las acciones administrativas o legales que correspondan. Asimismo, aclaró que la investigación y persecución penal son responsabilidad del Ministerio Público, mientras que la decisión sobre las medidas judiciales y el desarrollo del proceso son competencia de los tribunales.
Medio Ambiente reafirmó que la legislación ambiental debe aplicarse sin excepciones y que seguirá llevando ante las autoridades competentes aquellos casos en los que sus inspecciones y evidencias técnicas señalen posibles contravenciones. El asunto de Piedra Blanca queda ahora bajo la supervisión de la Justicia, mientras avanza el proceso contra Henríquez López por los daños ambientales registrados por las autoridades.