Cientos de contratistas escolares han reiterado su solicitud al presidente Luis Abinader y al ministro de Educación para que se les devuelvan fondos presuntamente descontados de forma improcedente. Los reclamos incluyen retenciones del 1% para FOPETCONS y los intereses de líneas de crédito bancarias. Argumentan que estos montos corresponden a la entidad propietaria de la obra y no a ellos, afectando gravemente su estabilidad financiera.
Numerosos contratistas involucrados en la edificación de escuelas públicas han renovado su llamado al presidente Luis Abinader y al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps. Piden la restitución de dinero que, a su juicio, les fue descontado sin justificación durante la ejecución de proyectos del Plan Nacional de Edificaciones Escolares (PNEE).
En un comunicado, la Unión de Contratistas de Obras del Ministerio de Educación (UCOCOMI) afirmó que parte de estas exigencias se refiere a retenciones del uno por ciento establecidas por la Ley 6-86, vinculadas al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción (FOPETCONS).
Según la organización, esa contribución es responsabilidad del dueño de la construcción, que en estos casos sería el Ministerio de Educación (Minerd) o la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) actual, y no de los contratistas. Por esta razón, UCOCOMI considera que los montos deducidos en las certificaciones y pagos fueron retenidos de manera incorrecta.
La entidad sostiene, además, que para aplicar ese uno por ciento sobre los gastos directos, el valor debía estar incluido dentro de los gastos generales del presupuesto base de los sorteos del uno al cuatro del Plan Nacional de Edificaciones Escolares.
Los contratistas también demandan la restitución de los intereses generados por líneas de crédito en el Banco de Reservas, las cuales, según explican, fueron aprobadas por el Minerd para permitir la continuación de las obras educativas.
UCOCOMI asegura que la devolución de esos intereses estaría respaldada por la Ley 118-21 y su prórroga a través de la Ley 83-24, como lo expone la organización en su comunicado.
Los contratistas solicitaron que los fondos sean devueltos con rapidez y manifestaron haber tenido reuniones en diversas ocasiones con funcionarios del Minerd sin que, hasta el momento, se haya logrado una solución definitiva.
Advirtieron que la prolongación del proceso ha colocado a muchos ingenieros y contratistas en una situación económica complicada, algunos, según la organización, al borde de la bancarrota.
Finalmente, los profesionales hicieron un llamado al presidente Abinader y a las autoridades pertinentes para que respondan a sus peticiones. “No estamos pidiendo, estamos reclamando que nos devuelvan lo que nos pertenece”, expresaron los contratistas en el comunicado.
