El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ha introducido su nuevo servicio complementario, SeNaSa Ultra, que ofrece amplias coberturas de hasta RD$4 millones anuales. Este lanzamiento ocurre mientras la entidad se encuentra bajo el escrutinio de la justicia, con dos importantes casos judiciales, Operación Cobra y Onco 14, investigando presuntas malversaciones de fondos y fraudes dentro de la institución.
Mientras los tribunales dominicanos continúan manejando los expedientes relacionados con presuntas anomalías en el manejo de recursos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), la administradora estatal ha presentado una nueva fase de servicios adicionales, denominada SeNaSa Ultra. Este programa contempla una protección de hasta RD$4 millones anuales para tratamientos de alto costo.
La nueva propuesta surge en un momento marcado por los casos Operación Cobra y Onco 14, que han situado a la institución en el centro de la controversia judicial, generando peticiones de diversos sectores para que los responsables de las irregularidades rindan cuentas ante la justicia. Las acusaciones sobre la gestión de los fondos de SeNaSa motivaron declaraciones de varias figuras y autoridades.
Entre ellos, Francisco Ozoria, quien en septiembre de 2025 era arzobispo metropolitano de Santo Domingo, exigió equidad y una "mano firme" contra los culpables de los hechos denunciados en la aseguradora pública. De igual forma, Participación Ciudadana, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) y representantes de la Iglesia católica solicitaron investigaciones exhaustivas, consecuencias para los implicados y una acción judicial contra la impunidad.
Participación Ciudadana solicitó explícitamente una indagación "completa, profunda y transparente" y responsabilidades para quienes resultaran implicados, sin importar su posición o afinidades políticas.
Operación Cobra y los recursos de SeNaSa
En el caso conocido como Operación Cobra, el Ministerio Público sostiene que, durante varios años, existió dentro de SeNaSa una organización dedicada a desviar dinero público, manipular procedimientos internos y beneficiar económicamente a funcionarios y personas conectadas con la institución. El expediente calcula en más de RD$15,900 millones el daño causado a las reservas técnicas de la ARS hasta diciembre de 2024.
Entre los principales acusados se encuentra el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Hazim, a quien el Ministerio Público señala como el líder de la red. El ente acusador ha imputado al grupo delitos relacionados con corrupción administrativa, estafa, falsificación y lavado de activos, entre otras transgresiones.
Los reclamos de Ozoria
El 24 de septiembre de 2025, durante la celebración de Nuestra Señora de las Mercedes, Francisco Ozoria, en su rol de arzobispo metropolitano de Santo Domingo, dedicó una parte de su homilía a exigir justicia y consecuencias para quienes hubieran sustraído fondos de SeNaSa. "Hemos tenido funcionarios que sustraen fondos y al poco tiempo circulan como si nada hubiera pasado. Igualmente ahora tenemos esa incertidumbre: que quien haya tomado el dinero del Senasa enfrente las consecuencias", expresó el clérigo.
Ozoria también manifestó inquietud por el efecto de las irregularidades en la credibilidad ciudadana en el sistema de seguridad social. "Teníamos la esperanza en el funcionamiento de la seguridad social y hoy esa esperanza la vemos en peligro con todos estos problemas del seguro de los más vulnerables, Senasa", afirmó.
Onco 14 y las acusaciones por servicios a pacientes con cáncer
A las investigaciones vinculadas con SeNaSa se añadió posteriormente Operación Onco 14, un proceso relacionado con irregularidades en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC). Entre los acusados se encuentran Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato.
El tribunal dictaminó 18 meses de detención preventiva para Lora Cruceta y Guzmán, mientras que Vargas Sánchez quedó bajo arresto domiciliario. Según el Ministerio Público, la investigación abarca maniobras de fraude clínico y farmacéutico, incluyendo modificaciones en indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsificados, doble facturación a SeNaSa y entrega incompleta de medicamentos. El expediente atribuye a Lora Cruceta, Vargas Sánchez, Guzmán y entidades asociadas una apropiación de RD$148.6 millones.
Además, el Ministerio Público ha señalado que el Instituto Oncológico Regional del Cibao gestionó aproximadamente RD$3,700 millones provenientes de SeNaSa.
SeNaSa presenta Ultra en medio de los procesos judiciales
En medio de este panorama judicial, SeNaSa presentó este 12 de agosto de 2026 SeNaSa Ultra, un nuevo plan complementario que incorpora más de 800 servicios adicionales a los actualmente contemplados en el Plan de Servicios de Salud (PDSS). El producto ofrece cobertura de hasta RD$4 millones anuales para servicios de alto costo, cirugía robótica en situaciones específicas, cobertura ambulatoria y de hospitalización al 100%, sin límites, además de una protección extraordinaria para terapias vinculadas al neurodesarrollo.
La institución comunicó que el plan tendrá una prima fija, por lo que el monto no se incrementará según la edad del afiliado. Al mismo tiempo, anunció mejoras en los planes Especial, Avanzado, Máximo y Premium, en conformidad con el nuevo PDSS. SeNaSa indicó, además, que cuenta con una red de aproximadamente 12,000 proveedores de servicios de salud distribuidos en todo el territorio nacional.
El lanzamiento es parte de la estrategia expuesta por la institución durante su 24.º aniversario para ampliar su oferta y fortalecer las coberturas disponibles para sus afiliados. Y, en ese sentido, para que esa iniciativa nueva pudiera estar revestida de la suficiente transparencia se debe dejar claramente establecido la modalidad de elección de los distintos proveedores, su experiencia en el tipo de servicio, los beneficiarios identificados uno por uno, fechas de los procedimientos, lugares, tiempo o duración; número para las reclamaciones, responsables, entre otros.
