La Coalición de Fabricantes de Estructuras Metálicas Fabricadas (EMF) y sus aliados han solicitado a las autoridades dominicanas reforzar la aplicación de normativas para la fabricación e instalación de estas estructuras. Su objetivo es asegurar el cumplimiento de estándares de seguridad y promover una competencia justa. La República Dominicana, con su alta actividad sísmica y exposición a huracanes, requiere controles estrictos para proteger vidas y reducir riesgos.
La Coalición de Fabricantes de Estructuras Metálicas Fabricadas (EMF), en conjunto con sectores afines, instó a las autoridades a fortalecer la implementación de las regulaciones que rigen la producción y montaje de estructuras metálicas en el país. Argumentan que el respeto de los estándares de seguridad y la igualdad de condiciones en la competencia deben ser prioridades fundamentales. Esta organización, que agrupa a más de veinte compañías, enfatizó que cualquier estructura metálica destinada a ser instalada en territorio dominicano, independientemente de su origen, debe cumplir con los reglamentos técnicos, las certificaciones y los controles de calidad establecidos por la legislación nacional.
La Coalición recordó que la República Dominicana se sitúa en una zona de elevada actividad sísmica y está expuesta al paso de huracanes, por lo que considera que la observancia de las normativas es esencial para minimizar peligros y salvaguardar vidas. “Una estructura metálica cumple con los requisitos técnicos o no los cumple. En materia de seguridad no existen puntos intermedios”, señaló el sector, destacando que cada componente estructural debe poseer la documentación y las certificaciones que demuestren la conformidad con los estándares fijados por la normativa dominicana.
Entre las disposiciones mencionadas se encuentran el Reglamento R-001 para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras, el Reglamento R-027 para el Diseño y Fabricación de Estructuras de Acero y el Reglamento R-028 sobre Cargas para Edificaciones, además de las leyes 160-21 y 687-82. Los fabricantes nacionales indicaron que deben satisfacer requisitos como licencia de construcción, planos visados, ingeniero corresponsable, informes de prueba de materiales (mill-test reports), certificaciones de soldadura y verificaciones de calidad. A su juicio, esos mismos controles deben aplicarse a las estructuras que se introduzcan en el territorio nacional.
La Coalición también hizo referencia a un informe técnico de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), elaborado a partir de establecimientos comerciales inspeccionados por el MIVHED durante los operativos de 2024-2025. Según el documento, las edificaciones cuyas estructuras carecen de la certificación técnica requerida y no cumplen con los requisitos constructivos establecidos por la normativa dominicana presentan una probabilidad estimada de daño del 70 % ante un sismo de intensidad moderada. Frente a esta situación, el sector considera indispensable reforzar los mecanismos de verificación antes de permitir la entrada e instalación de este tipo de estructuras en el país.
Además de la seguridad, la Coalición expresó inquietud por las condiciones de competencia que afronta la industria nacional ante el ingreso de estructuras metálicas prefabricadas a precios que, según señala, dificultan la participación de los fabricantes dominicanos en igualdad de condiciones. Las empresas del país, explicó, invierten en personal cualificado, tecnología, certificaciones y controles de calidad, además de cumplir con sus obligaciones tributarias y legales. Por ello, estiman que la entrada de productos con costos considerablemente más bajos, sin la certeza de que hayan superado las mismas exigencias técnicas y regulatorias, puede generar distorsiones en el mercado.
La industria dominicana de estructuras metálicas está conformada por aproximadamente 60 empresas fabricantes y genera alrededor de 5,000 empleos directos y más de 15,000 indirectos, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la Coalición. El sector resaltó su contribución a la economía nacional y al avance de la industria de la construcción.
Para fomentar condiciones de competencia justas, el país dispone de instrumentos como la Ley 1-02 sobre Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia y la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia. También existen mecanismos de coordinación a través de la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito y Competencia Desleal, presidida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
La Coalición reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en el fortalecimiento de los procesos de inspección, certificación y cumplimiento de las normativas vigentes. El sector sostuvo que garantizar la seguridad de la población y preservar una industria nacional competitiva son metas que deben desarrollarse de manera conjunta. “La seguridad ciudadana no admite excepciones y la competencia solo puede ser verdaderamente libre cuando todos los actores cumplen las mismas reglas”, afirmó la organización.
