El sector turístico dominicano ha experimentado un crecimiento significativo bajo la administración del presidente Luis Abinader, alcanzando cifras históricas de visitantes e inversiones. Sin embargo, este auge también ha generado controversias y reclamos por la presunta privatización de playas y la restricción del acceso público a estos espacios, lo que ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre el desarrollo económico y el derecho ciudadano al disfrute de los bienes comunes.
A pesar de ser uno de los pilares económicos principales del país, el sector turístico aún enfrenta desafíos, incluso con los notables progresos e inversiones impulsados durante los seis años de gobierno del presidente Luis Abinader. Desde el año 2020, la administración implementó el Plan de Recuperación Responsable del Sector Turismo, asignando más de 400 millones de pesos dominicanos para actividades de promoción, convenios con aerolíneas y el desarrollo de infraestructura turística en áreas como Pedernales, Miches, Bergantín, junto con proyectos hoteleros privados.
La ejecución de este plan gubernamental, en conjunto con la estrategia de Marca País, ha posicionado al turismo dominicano para lograr importantes resultados. Entre ellos, destaca el reconocimiento de la Organización Mundial del Turismo como la primera nación caribeña en recuperarse después de la pandemia, la llegada de 11.7 millones de visitantes extranjeros en 2025, la expansión turística con casi tres millones de cruceristas, y la proyección del Banco Central de una inversión extranjera directa que superará los cinco mil millones de dólares este año, entre otros éxitos.
No obstante, el fortalecimiento de la actividad turística, la atracción de capitales y la expansión de la oferta de destinos también han provocado cuestionamientos sobre ciertas iniciativas que combinan recursos públicos y capital privado. Esto surge a raíz de recientes denuncias sobre el uso de áreas públicas y la supuesta privatización de costas, presentadas por el comunicador Sergio Carlo y el vocalista de Aljadaqui, Mariano Lantigua. Estos incidentes han vuelto a poner en discusión el derecho constitucional de los ciudadanos al goce de estos lugares y los límites entre la inversión privada y la utilización de bienes de dominio público.
En este contexto, la presidenta de la Asociación Dominicana de Prensa y Turismo (Adompretur), Sara Hernández, consultada por NDigital, expresó su punto de vista sobre el sector turístico y su crecimiento bajo la actual gestión gubernamental. Hernández señaló: “Bajo la visión del presidente Abinader, no solo hemos alcanzado cifras récord con más de 11 millones de visitantes, sino que la cadena de valor de esta industria se ha consolidado como nunca antes. Esto, evidentemente, ha beneficiado a nuestros agricultores, artesanos, transportistas, al sector de la construcción y también a los emprendedores locales que enriquecen la experiencia de quienes visitan República Dominicana”.
Asimismo, aseguró que el modelo de gestión adoptado por el Gobierno en el sector “no solo diversifica nuestro destino hacia nuevos horizontes como Pedernales, Miches, Punta Cana, Bergantín y otras localidades”, sino que también asegura un impacto económico directo en las comunidades. Añadió que, gracias a alianzas sólidas, el país ha logrado una mayor conectividad aérea a través del sector y un compromiso con la sostenibilidad, indicando que estos aspectos han permitido al Gobierno fomentar un turismo que genera “oportunidades reales”, lo que, a su parecer, se traduce en progreso para todas las familias dominicanas.
La experta, después de discutir el impacto económico del desarrollo turístico en República Dominicana durante los últimos seis años bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, se refirió a las recientes acusaciones sobre el uso de espacios públicos en el sector. Ella afirmó: “Las playas dominicanas son públicas por ley y por derecho constitucional, no un privilegio exclusivo de ningún complejo hotelero”.
Además, añadió que el comportamiento en algunos establecimientos hoteleros revela una problemática antigua, que calificó como un abuso en ciertos casos: “la privatización encubierta de nuestras costas”. Hernández enfatizó: “De hecho, ningún comercio o seguridad privada tiene la autoridad legal para expulsar a ningún ciudadano de la franja marítima que nos pertenece a todos”.
Criticó que permitir esta situación no apoya el turismo, sino que “es seguir validando el despojo de nuestro propio territorio”. En este sentido, recomendó a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y a las entidades locales que apliquen sanciones rigurosas a esta y cualquier otra acción que atente contra el disfrute colectivo de las costas y playas. Concluyó diciendo: “Si guardamos silencio hoy ante estas circunstancias, mañana tendremos que solicitar permiso para observar nuestro propio mar”.
La semana pasada, el comunicador Sergio Carlo presentó una queja formal ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales contra el hotel Dreams Macao Punta Cana. Acusó al personal del establecimiento de forzarlo a mover su sombrilla debido a la celebración de una boda privada. Mediante un video difundido en redes sociales, Carlo mostró el momento en que dos empleados del hotel, identificados como Andri y Manuel, le pidieron trasladarse varios metros para despejar el área donde se llevaría a cabo una sesión fotográfica.
El comunicador cuestionó la solicitud, argumentando que vulnera lo establecido en el artículo 15 de la Constitución y la Ley 60-00, normativas que especifican que los primeros 60 metros de playa, medidos desde la marea alta, son de dominio público y de acceso libre para los ciudadanos. De manera similar, en julio, el cantante y líder de la banda Aljadaqui, Mariano Lantigua, también hizo una reclamación después de su visita a Juan Dolio, donde reportó que trabajadores de un hotel le impidieron colocar sillas y un pequeño toldo en una sección de la playa, alegando que ese espacio pertenecía al complejo turístico.
El artista expresó su descontento y afirmó que, a pesar de haber alquilado un apartamento en la zona para compartir con su familia, no se le permitió usar un “shelter” para protegerse del sol. “Vinieron a prohibirme hasta las sillas. Tenemos que quemarnos bajo el sol y no podemos ni sentarnos cómodos”, manifestó a través de diversos videos publicados en su cuenta de Instagram. La situación también abre un debate sobre el alcance de las inversiones público-privadas en el sector turístico y la necesidad de asegurar que estas iniciativas se desarrollen sin afectar los derechos de la población ni el acceso a espacios que, por su naturaleza y disposición legal, corresponden al disfrute colectivo.
David Collado, en respuesta a estas denuncias, aclaró a través del Ministerio de Turismo que se desautoriza cualquier acción de miembros de la seguridad privada de complejos inmobiliarios o turísticos que tenga como objetivo impedir o restringir el libre acceso de los ciudadanos a las playas públicas, siempre que dicho disfrute se realice de manera ordenada, pacífica y conforme a las leyes y normativas vigentes.
Con el propósito de reforzar la seguridad jurídica, la armonía social y el uso responsable de nuestras zonas costeras, se coordinará una mesa de trabajo junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales —institución que, según el artículo 18 de la Ley 64-00, tiene la responsabilidad de la conservación, el control y el uso sostenible de los recursos costeros y marinos del país—, así como con el Ministerio de Interior y Policía y la Procuraduría General de la República, para revisar estos casos y establecer criterios de actuación claros que equilibren el interés público, la protección del medio ambiente, la seguridad y el respeto a los derechos de todos.
“Nuestro objetivo es asegurar que las playas, como patrimonio de todos los dominicanos, puedan ser disfrutadas con orden, tranquilidad y con estricto apego a las normas que rigen cada área del país”, afirmó Collado en un comunicado difundido en su Instagram. Además, la entidad señaló que este mismo criterio se aplicará en cualquier otro proyecto o desarrollo turístico donde surjan circunstancias similares, siempre buscando soluciones institucionales que prioricen el interés nacional, la convivencia ciudadana y el desarrollo sostenible del turismo dominicano. Concluyó diciendo: “Nosotros no recuperamos playas, le devolvimos las playas a la gente. (Playa Sosua 1ra etapa, Playa Guayacanes 1, playa Guayacanes 2, Playa Esmeralda, playa Macao, playa las galeras, playa los patos, playa los quemaitos, playa de Haina, playa de Nizao, parqueo Bayahibe, Parque Nacional la caleta)”.
Principales inversiones en turismo (2020-2026)
Desarrollo turístico de Pedernales (Cabo Rojo)
Constituye la iniciativa turística más ambiciosa del Gobierno, con una inversión estimada para la primera fase de aproximadamente US$2,000 millones, que combina recursos públicos y privados. El Estado ha destinado alrededor de US$300 millones en infraestructura y ha proporcionado terrenos para el proyecto, que abarca:
- Puerto de cruceros Cabo Rojo.
- Aeropuerto Internacional de Pedernales (actualmente en construcción).
- Redes eléctricas y de agua potable.
- Planta de tratamiento.
- Desarrollo de hoteles y áreas comerciales.
Inversiones hoteleras privadas
El Gobierno ha impulsado la llegada de nuevas cadenas y la expansión de complejos turísticos. Entre los proyectos más destacados se encuentran:
- Playa Grande Golf & Ocean Club (María Trinidad Sánchez): US$1,000 millones, incluyendo un aeropuerto internacional privado.
- Nuevos hoteles y ampliaciones en: Miches, Punta Cana, Cap Cana, Puerto Plata, Samaná y La Romana.
Inversión extranjera directa (IED) en turismo, según BCRD
Dado que el turismo sigue siendo uno de los principales receptores de inversión extranjera en República Dominicana, el Banco Central informó que, en el primer semestre de 2026, el sector turístico captó el 20.1% de toda la inversión extranjera directa recibida por el país. Asimismo, la entidad bancaria proyecta que la IED superará los US$5,300 millones para 2026, manteniendo al turismo entre los sectores más atractivos para los inversionistas.
Acuerdos de inversión en FITUR
Durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, Banreservas anunció acuerdos para proyectos turísticos con un valor superior a US$6,500 millones, con expectativas de financiación por más de US$4,200 millones para nuevas inversiones hoteleras y de infraestructura. En este contexto, sería conveniente realizar una revisión interinstitucional y normativa que permita unificar criterios sobre la gestión y el uso de los espacios públicos vinculados al turismo. Para ello, las autoridades de los ministerios de Turismo y Medio Ambiente, junto con los gobiernos municipales, deberían establecer con mayor claridad las competencias, responsabilidades y mecanismos de supervisión, de manera que se garantice un equilibrio entre el desarrollo de las inversiones, la protección de los recursos naturales y el derecho de los ciudadanos al disfrute de estos espacios.
