Una manifestación en La Cuaba, Pedro Brand, contra una planta de reciclaje propuesta, escaló trágicamente hace una semana, resultando en un fallecido y un herido por arma de fuego. Un video crucial capta el momento en que un individuo desde un vehículo dispara a los participantes. Este incidente ha desencadenado una profunda investigación policial y judicial, intensificando el conflicto latente entre la comunidad y la empresa promotora del proyecto.
La protesta ciudadana en contra de la edificación de una instalación de reciclaje y valorización de desechos sólidos en la localidad de La Cuaba, perteneciente a Pedro Brand, culminó hace siete días con una víctima mortal y otra persona lesionada por proyectil, un suceso que actualmente se encuentra bajo escrutinio policial y legal. Un registro visual muestra a un sujeto dentro de una camioneta blanca disparando a corta distancia contra los protestantes.
El hecho tuvo lugar durante un evento convocado por los vecinos para conmemorar los cien días de la instauración de un campamento permanente, erigido en oposición al plan impulsado por la compañía dominicana OakHouse. Este proyecto contempla la construcción de una planta de reciclaje y tratamiento de residuos en una extensión aproximada de 986 mil metros cuadrados en el sector de Aguacate.
A principios del mes de mayo, los residentes de La Cuaba habían establecido un campamento en la entrada del terreno donde se planea la obra, con el objetivo de impedir el avance de la iniciativa y monitorear cualquier actividad relacionada con los trabajos. Los habitantes describen la zona destinada al desarrollo del proyecto como un entorno de bosque húmedo subtropical, caracterizado por la presencia de acuíferos, actividades agrícolas y un creciente desarrollo ecoturístico.
En una cobertura periodística previa, Fabio Correa, portavoz del movimiento y presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba, manifestó que una de las principales inquietudes de los residentes es el posible impacto que, a su juicio, la obra podría tener sobre las fuentes hídricas locales. Correa indicó que en los terrenos, que según su versión abarcan unas 1,500 tareas, nacen tres arroyos y existe un manantial, además de otras reservas de agua en las inmediaciones.
Los ciudadanos han rechazado que la instalación sea promocionada como una moderna planta de reciclaje y valorización, refiriéndose a ella como un basurero, mientras mantienen su firme oposición al proyecto. Desde entonces, el campamento se ha consolidado como el epicentro de la vigilancia constante del movimiento.
La situación se modificó el sábado 8 de agosto, cuando la actividad organizada para celebrar los cien días del campamento derivó en un enfrentamiento. La jornada estaba programada para iniciar con una eucaristía y continuar con un servicio religioso evangélico. No obstante, conforme a los testimonios de los comunitarios entrevistados, al comienzo de la liturgia varias máquinas intentaron acceder a los terrenos donde se pretende construir la planta.
Ricardo Montero, miembro de la Comisión No Vertedero, aseveró que representantes de OakHouse, liderados según su narración por Luis Manuel Espinal, intentaron ingresar al lugar con una excavadora amarilla. La intervención de agentes policiales posibilitó la retirada de los equipos del área, pero la tensión no se disipó.
A unos dos kilómetros del sitio, cerca de la salida de Pedregal, ocurrió el incidente que resultó en el deceso de Railly Antonio Rodríguez Soriano, de 26 años, y dejó a otra persona herida.
EL DISPARO QUEDÓ REGISTRADO EN VIDEO
Imágenes capturadas por una cámara de seguridad de una casa de apuestas cercana muestran a varias personas bloqueando la calle durante la manifestación. En medio del suceso, el conductor de una Jeep Wrangler de color blanco, que acompañaba a los equipos relacionados con el proyecto, subió a la acera en un intento de eludir el bloqueo. De acuerdo con las grabaciones y la versión proporcionada por los manifestantes, mientras el vehículo avanzaba, su conductor habría extraído un arma por una de las ventanillas y efectuado un disparo.
Los residentes identificaron al conductor como Manuel Armando Silfa Montero, conocido popularmente como “El Guardia”. Railly Antonio Rodríguez Soriano sufrió un impacto de bala en la zona facial y fue trasladado al Hospital Dr. Vinicio Calventi, donde falleció mientras recibía asistencia médica. Las imágenes también revelan que el mismo vehículo desde el cual se presume que se realizó el disparo fue utilizado para trasladar a la víctima al centro hospitalario.
La matrícula del automóvil corresponde a Rigging Supply SRL, una empresa fundada el 26 de enero de 2017 y registrada en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) a nombre de Daniel Augusto Vargas Beltré y Aurel Indhira Vargas Beltré. Según los registros citados en la investigación, la compañía se dedica a la importación y comercialización de eslingas, cables de acero, accesorios para el levantamiento de cargas y artículos de ferretería.
OTRO MANIFESTANTE RESULTÓ HERIDO
Durante los disparos, Yonny Martínez Flores, de 36 años, quien forma parte de las personas que se oponen al proyecto, también resultó lesionado. José Miguel Buret, miembro de la Comisión No Vertedero, explicó que Martínez Flores sufrió una herida en el brazo izquierdo y que el proyectil permanecía alojado en esa área, aunque su vida no corría peligro. Técnicos de la Policía Científica recuperaron en la escena un casquillo de calibre 9 milímetros, evidencia que forma parte de las investigaciones destinadas a determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo que causó la muerte de Rodríguez Soriano y las heridas a Martínez Flores.
POLICÍA PIDE AL SEÑALADO ENTREGARSE
Tras el incidente, la Policía Nacional instó públicamente al hombre señalado como responsable del disparo a entregarse para responder por los hechos. El director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, difundió la imagen de la persona buscada y solicitó su entrega por la vía que considerara más conveniente.
El caso ahora somete a investigación penal un conflicto que durante meses se había desarrollado en torno al rechazo comunitario al proyecto de gestión de residuos sólidos.
COMUNITARIOS NIEGAN ACTOS VIOLENTOS
Los líderes del movimiento aseguran que, a pesar de la tensión acumulada y la indignación existente entre los residentes, han procurado mantener las protestas de forma pacífica. José Miguel Buret afirmó que los organizadores han logrado controlar a los manifestantes y evitar acciones como la tala de árboles, la quema de neumáticos o el lanzamiento de piedras.
La muerte de Rodríguez Soriano, sin embargo, altera el panorama y acrecienta la preocupación entre quienes permanecen en el campamento. Los dirigentes comunitarios aseguran que habían advertido sobre la posibilidad de que el conflicto escalara y ahora temen que puedan producirse nuevos enfrentamientos. Ricardo Montero sostuvo que habían alertado a las autoridades sobre el riesgo de que la situación derivara en un “baño de sangre” y atribuyó la escalada a la falta de respuestas a las demandas de los residentes.
El desacuerdo entre los residentes de La Cuaba y los promotores del proyecto se sitúa así en un nuevo escenario: una manifestación que durante cien días se había mantenido como expresión de rechazo a la instalación de la obra culminó con un fallecimiento, un herido y una investigación policial en curso para establecer las responsabilidades y las circunstancias exactas del acontecimiento.
