El bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo ha alertado sobre una preocupante disminución en la inversión en infraestructura educativa y en la cantidad de aulas entregadas en República Dominicana entre 2014 y 2025. Ante el inminente inicio del año escolar 2026-2027, los legisladores denunciaron la precaria situación de numerosos centros educativos, lo que motivó la presentación de una resolución para interpelar al Ministro de Educación.
El legislador de la Fuerza del Pueblo, Germán Martínez, informó que el capital asignado para edificaciones educativas descendió aproximadamente un 67 % en el lapso de 2014 a 2025, mientras que el número de salones de clase construidos se redujo alrededor de un 77 % en el mismo periodo. Martínez añadió que, en lo que va del año 2026, no se han entregado siquiera 600 aulas. Esta declaración fue hecha por el conjunto de diputados de la Fuerza del Pueblo al manifestar su preocupación por los desafíos que enfrenta el sistema de enseñanza, a pocos días del inicio del ciclo académico 2026-2027, programado para el 24 de agosto.
“Hoy señalamos que una gran cantidad de instituciones educativas del país no están en condiciones óptimas para recibir a los estudiantes. Nos encontramos con colegios en mal estado, construcciones sin finalizar, falta de mantenimiento, problemas de higiene, alta densidad de alumnos y una alarmante escasez de salones y maestros”, declaró el diputado.
En este contexto, el grupo de diputados de la Fuerza del Pueblo presentó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una propuesta para convocar al ministro de Educación, Luis Miguel de Camps.
El portavoz del grupo, José David Báez, explicó que la solicitud se relaciona, entre otros puntos, con la transferencia de RD$2,000 millones del presupuesto del Ministerio de Educación al Poder Ejecutivo. Los legisladores también mencionaron como obstáculos para el comienzo del año escolar los retrasos en el pago de los incentivos correspondientes a la Evaluación del Desempeño Docente, las reclamaciones de ingenieros contratistas por certificaciones de obra pendientes y las demandas salariales del personal de apoyo de las escuelas públicas, cuyos ingresos, según indicaron, oscilan entre RD$11,000 y RD$13,000 mensuales.
El bloque de la oposición solicitó el desembolso de los incentivos adeudados a los docentes, un plan de construcción, finalización y reparación de edificaciones escolares y la aplicación de la Ley 16-26 para acelerar los pagos a los contratistas de obras educativas.
Martínez afirmó, además, que la administración actual encontró 711 instituciones educativas con obras sin terminar debido al denominado “nudo legal”, que posteriormente dio origen a la Ley 118-21 para facilitar la conclusión de esos proyectos. Según el diputado, hasta julio de 2026 se habían completado menos de 250 de esos centros de enseñanza, por lo que la mayoría permanecía en espera.
Entre las instalaciones mencionadas por los legisladores se encuentran las escuelas Don Pedro Tapia y Entrada de La Zanja, así como los liceos El Guanito y Magdalena, en Higüey, cuyos procesos de edificación, según afirmaron, llevan varios años sin concluir. También señalaron que en Santo Domingo Norte hay 25 centros educativos iniciados antes de 2020 que siguen sin finalizar, entre ellos Los Guaricanos I, II y III, Cristo Obrero, Emiliano Tardif y Braulia de Paula. En San Juan, indicaron que 16 instalaciones permanecen incompletas, incluyendo los liceos de Mogollón, Ramón María Mateo Ledesma y Roberto Ogando Pérez, en Las Matas de Farfán.
Los diputados también hicieron referencia a las escuelas Profesora Juana Dolores y Olimpia Acevedo, junto con el Liceo Juana Fernández, en La Vega; el Liceo Los Derrumbaderos y la Escuela Agua de Luis, en Guayubín, Monte Cristi; y la Escuela Batey Margarita y el Centro Antonio Paredes Mena, en Consuelo, San Pedro de Macorís. Asimismo, reportaron problemas sanitarios en la Escuela Joaquín Balaguer, en Villa Hermosa, La Romana, donde señalaron la presencia de baños bloqueados y filtraciones.
Entre otros centros que requieren intervención, mencionaron la Escuela Básica Sainaguá, la Escuela 27 de Febrero, en el kilómetro 3½; la Escuela Básica La Sabana de Hatillo; el Liceo Villegas; el Liceo Juan Pablo Duarte, en el Distrito Nacional, y la Escuela Básica Juan Abad Lara. Respecto a este último centro, los legisladores aseguraron que se necesitan nuevos salones, ya que los estudiantes reciben clases en áreas como el comedor, la biblioteca y la sala de profesores.
El bloque de la Fuerza del Pueblo manifestó que continuará monitoreando las condiciones de la infraestructura educativa y las acciones implementadas por las autoridades antes del inicio del nuevo ciclo escolar.
