La familia Mañón ha presentado una denuncia contra el Ministerio de Turismo, alegando que la entidad se niega a restituir la posesión de 41,000 metros cuadrados de terrenos. Según los denunciantes, esta retención es ilegal y contradice una sentencia judicial, por lo que solicitan la intervención del Presidente para asegurar el cumplimiento de la ley y la devolución de sus propiedades.
Los integrantes de la familia Mañón han hecho pública una acusación, señalando que el Ministerio de Turismo se rehúsa a entregar aproximadamente 41,000 metros cuadrados de predios, los cuales, según su afirmación, han sido retenidos sin fundamento legal durante varios meses, contraviniendo una resolución judicial. Conforme a las declaraciones de los demandantes, las autoridades de Turismo estarían desacatando lo establecido en la sentencia número 0030-1643-2026, por lo que exigen la ejecución de la decisión de los tribunales y la restauración de los derechos de los propietarios.
Explicaron que estos predios cuentan con títulos de propiedad y poseen un elevado valor económico, además de un significativo potencial para proyectos turísticos. Por esta razón, consideran alarmante que su entrega continúe pendiente. Asimismo, denunciaron la existencia de intereses conectados con la zona que, a su juicio, buscarían beneficiarse de esos terrenos, una situación que calificaron de preocupante y que, en su opinión, debe ser investigada por las autoridades competentes.
Jacinto Mañón recordó que, en un sistema jurídico, las instituciones gubernamentales están obligadas a respetar las determinaciones emitidas por los tribunales, en concordancia con el principio de tutela judicial efectiva y el carácter obligatorio de las sentencias. Consideró que la existencia de recursos o procesos posteriores debe evaluarse según sus efectos legales específicos, pero que ninguna institución puede decidir unilateralmente ignorar una orden judicial que sea ejecutable. En este sentido, demandó que el diferendo sea resuelto exclusivamente a través de los mecanismos establecidos por la Constitución y las leyes dominicanas.
Ante lo que estimaron como una prolongada retención de las propiedades, la familia Mañón solicitó al presidente Luis Abinader que instruya al Ministerio de Turismo y a su titular para que cumplan con las disposiciones judiciales pertinentes. “Estamos solicitando que se respete la ley y que una entidad del Estado acate lo que han dictaminado los tribunales”, señalaron.
Mañón Miranda consideró que la observancia de las resoluciones judiciales constituye una garantía esencial para preservar la seguridad jurídica, el derecho de propiedad y la confianza de los inversores, tanto nacionales como extranjeros. Reiteró que los aproximadamente 41,000 metros cuadrados representan una propiedad de gran valor y con posibilidades de desarrollo turístico, por lo que entiende que la extensión del conflicto perjudica directamente a sus titulares.
Finalmente, la familia afectada hizo un llamado a las autoridades para que se genere una solución institucional al caso y se dé cumplimiento a la decisión judicial, garantizando así los derechos que, según mantienen, les corresponden.
