Una madre denunció que un colegio privado exigía un pago para la entrega de documentos académicos, lo que desató un debate sobre los cobros administrativos en centros educativos. Ante la controversia, la institución Learning Steps Preschool aseguró que ningún alumno será privado de su documentación y reconoció que la redacción de su comunicación inicial pudo generar malentendidos. El caso ha puesto en discusión los límites de estos cobros y el derecho de los estudiantes a la información y a sus expedientes.
La acusación de una madre, quien afirmó que una escuela privada le solicitaba el pago de RD$1,600 para proporcionarle los registros académicos de su hijo, provocó una discusión acerca de los denominados gastos de gestión y las restricciones que deben observar los establecimientos educativos al cobrar por este tipo de procedimientos. En medio de la polémica, Learning Steps Preschool, la institución mencionada en la acusación, emitió un comunicado en el que garantizó que a ningún estudiante se le negará su documentación escolar ni se impedirá su traslado a otro centro educativo.
La institución sostuvo que reconoce el derecho de las familias a recibir información clara, transparente y oportuna sobre cualquier servicio administrativo y explicó que los montos indicados en la comunicación divulgada corresponden, según su versión, a prestaciones vinculadas con la preparación, reproducción, certificación y, cuando aplica, tramitación de documentos ante el Distrito Educativo.
El colegio especificó que estos importes no representan pagos efectuados al Ministerio de Educación ni al Distrito Educativo, cuyos servicios oficiales de legalización están sujetos a las normativas de dichas autoridades. No obstante, la institución admitió que la forma en que se presentaron algunos de los conceptos pudo dar lugar a una interpretación diferente entre las familias.
“Reconocemos, sin embargo, que la redacción de la comunicación pudo generar confusión sobre el alcance de algunos conceptos”, indicó Learning Steps Preschool, al comunicar que ha iniciado una revisión interna del procedimiento y de la forma en que comparte este tipo de información.
La respuesta del centro educativo se produce después de que se consultara al abogado Manuel Soriano sobre el caso y las limitaciones de los cobros administrativos en los colegios privados. Soriano explicó que los gastos administrativos pueden existir y que los centros educativos privados poseen autonomía para organizar ciertos procesos internos. Sin embargo, advirtió que esa facultad debe ejercerse sin afectar los derechos fundamentales de los estudiantes.
“Los gastos administrativos sí son una realidad”, afirmó el jurista, al explicar que un colegio puede incurrir en costos cuando debe realizar gestiones, enviar documentos al Distrito Educativo o tramitar certificaciones y copias que impliquen procesos adicionales.
El abogado también estableció una diferencia entre la posibilidad de que un colegio cobre por determinadas gestiones administrativas y la retención de documentos necesarios para que un estudiante pueda continuar su proceso educativo. Precisamente, este último punto quedó en el centro de la discusión tras la denuncia de la madre, quien cuestionó que se condicionara la entrega de los documentos académicos de su hijo al pago del monto señalado.
Ante esto, Learning Steps Preschool aseguró de forma explícita que a ningún estudiante se le negará su documentación académica ni se obstaculizará su proceso de traslado. La institución también manifestó su disposición para revisar directamente la situación denunciada, ofrecer el desglose correspondiente y buscar una solución “respetuosa, transparente y conforme con las disposiciones del Ministerio de Educación y las normas de protección de los consumidores”.
La controversia deja abierto un debate que trasciende el caso particular: qué servicios administrativos pueden cobrar los colegios privados, cómo deben comunicar esos cargos y hasta dónde pueden llegar cuando se trata de documentos que un estudiante necesita para continuar sus estudios en otro centro educativo. Con su comunicado, Learning Steps Preschool busca clarificar el alcance de los montos señalados y, al mismo tiempo, reconoce que la comunicación inicial pudo generar confusión, mientras el caso ha puesto bajo escrutinio la relación entre los cobros administrativos de los colegios y el derecho de los estudiantes a acceder a su documentación académica.
