El senador Omar Fernández ha vuelto a poner de manifiesto la creciente influencia de la migración haitiana en el sistema educativo dominicano. Según sus declaraciones, la cantidad de alumnos haitianos en las escuelas públicas ha crecido exponencialmente en los últimos diecisiete años, pasando de 25,000 a más de 205,000. Esta situación plantea serios interrogantes sobre la capacidad del Estado para sostener los servicios públicos frente a esta demanda creciente.
El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, ha vuelto a poner de relieve el efecto de la afluencia migratoria haitiana en el sistema educativo de la República Dominicana. El legislador alertó que la cifra de estudiantes de origen haitiano en las instituciones educativas estatales se elevó de poco más de 25,000 en el año 2007 a superar los 205,000 para el 2025. A través de un comunicado difundido en sus plataformas digitales, Fernández detalló que este incremento representa un ascenso del 716% en un período de diecisiete años, indicando que la proporción pasó de aproximadamente un alumno haitiano por cada cien dominicanos a uno por cada trece.
El congresista opinó que estas estadísticas deben impulsar un diálogo profundo acerca de la habilidad del Estado para planificar y asegurar la provisión de servicios públicos ante el crecimiento de la población migrante. “Este número, por sí solo, es una señal de alerta”, manifestó Fernández, quien aclaró que, aunque el derecho a la educación está garantizado por la Constitución, este debe ir de la mano con una política migratoria que le permita al Estado definir quién ingresa al país, bajo qué criterios y por cuánto tiempo permanece.
Fernández relaciona la migración con la presión sobre las aulas.
El senador indicó que el aumento en la matrícula de alumnos haitianos ocurre simultáneamente con una disminución de estudiantes dominicanos en las escuelas públicas. Conforme a los datos que presentó, mientras más de 180,000 estudiantes haitianos se integraron al sistema educativo en dicho lapso, aproximadamente 141,500 estudiantes dominicanos dejaron de estar inscritos. Fernández sugirió que esta situación genera dudas acerca de la planificación educativa y la capacidad de las escuelas para satisfacer la demanda. “¿Cómo es posible que haya menos estudiantes dominicanos, menos inscripciones en la educación pública y, al mismo tiempo, cada vez más niños sin un lugar?”, cuestionó.
El legislador también se refirió al esquema mediante el cual el Gobierno otorga ayudas o vales para cubrir temporalmente el costo de la inscripción de alumnos que no hallan cupo en los centros educativos públicos. Según Fernández, tres años después del anuncio de este plan provisional, la cantidad de alumnos sin cupo se triplicó y, consecuentemente, también lo hizo el monto destinado a dichos vales. A su entender, esta circunstancia es un indicativo de fallas en la planificación que terminan desviando fondos públicos hacia instituciones educativas privadas para satisfacer una demanda que las escuelas estatales no estarían en condiciones de cubrir.
“El 94.7% del incremento de estudiantes extranjeros fueron haitianos”.
Fernández además sostuvo que las estadísticas oficiales demuestran que, durante el período analizado, el 94.7% del aumento de estudiantes de nacionalidad extranjera correspondió a ciudadanos haitianos. El senador defendió que abordar esta realidad no equivale a poner en tela de juicio el derecho a la educación, sino a analizar las repercusiones que el flujo migratorio tiene sobre los servicios públicos y la capacidad presupuestaria del Estado. En este contexto, rememoró que ha impulsado iniciativas desde el Congreso para endurecer las penas contra aquellos involucrados en el tráfico ilegal de personas.
Fernández aseguró que, con el respaldo de legisladores de diversas formaciones políticas, se logró incrementar las sanciones para los traficantes de ciudadanos haitianos y establecer restricciones para los funcionarios que participen en estas actividades. Según explicó, un funcionario que incurra en tráfico de personas podría enfrentar hasta veinte años de prisión y, una vez cumplida la condena, quedar inhabilitado para ejercer un cargo público durante otros veinte años.
Pide abordar la problemática migratoria.
Fernández afirmó que la migración irregular no debe ser examinada únicamente desde la perspectiva de la frontera, sino también por sus consecuencias en áreas como la enseñanza, la sanidad, la seguridad y el presupuesto del Estado. “Así es como se manifiesta el efecto migratorio que nuestro sistema educativo está soportando”, declaró.
El senador aprovechó el inicio del ciclo escolar para exponer la necesidad de debatir estos datos y encontrar soluciones que permitan al Estado atender las necesidades de los estudiantes dominicanos y, al mismo tiempo, cumplir con las obligaciones legales respecto a quienes se encuentran en el territorio nacional. “Los problemas que este gobierno se niega a enfrentar hoy, serán nuestros hijos y nietos quienes lo terminarán pagando el día de mañana”, concluyó.
