Diez personas implicadas en el caso Medusa han solicitado al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la extinción de la acción penal en su contra. Sus defensas argumentan que el expediente ha sobrepasado los cuatro años máximos establecidos por la ley procesal penal, buscando finalizar el proceso judicial que los vincula a una presunta red de corrupción.
Los representantes legales de diez individuos señalados en el llamado caso Medusa pidieron este lunes al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que declare finalizada la persecución penal. Su argumento principal es que el expediente ha excedido el lapso máximo de cuatro años permitido por la normativa procesal penal vigente.
Los individuos en cuestión son Altagracia Guillén Calzado, Alfredo Solano Augusto, Javier Fortuna Ibarra, Jonathan Rodríguez Imbert, Miguel José Moya, Rafael Antonio Melgen Sena, Braulio Bautista Barías, Alejandro Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos Acosta y Félix Antonio Rosario Labrada. Se les imputa ser parte de una estructura de malversación que, según el Ministerio Público, defraudó al Estado por más de 6,000 millones de pesos dominicanos, en conjunto con el exfiscal general Jean Alain Rodríguez, quien previamente había presentado una solicitud similar.
Las representaciones legales basaron su petición en el artículo 148 de la Ley 76-02 y citaron dictámenes del Tribunal Constitucional para refutar la postura que se le atribuye al Ministerio Público, la cual sugiere la existencia de un “período razonable” distinto al plazo legal de cuatro años. Ahora, el tribunal deberá determinar si acepta o niega la petición de extinción.
Los letrados afirman que no han provocado demoras en el desarrollo del proceso y aseguran que, después de seis años desde el inicio de la investigación, el Ministerio Público no ha logrado demostrar la comisión de los delitos atribuidos a sus clientes. Este último punto debe ser entendido siempre como una alegación de las defensas, no como un hecho judicialmente probado.
