Siete magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) expusieron ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sobre temas cruciales como la productividad judicial, la ética, la transformación digital y el acceso a la justicia. Sus presentaciones ofrecieron una visión detallada de los logros y retos que enfrenta el sistema judicial dominicano, enfatizando la importancia de la calidad de las decisiones y la confianza ciudadana más allá de las meras cifras.
La eficiencia judicial, la integridad, la eliminación de la mora, la digitalización, la excelencia en las sentencias, la mediación, la transparencia, la seguridad en la propiedad y el acceso a la justicia fueron los ejes centrales abordados por siete jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) durante sus audiencias de evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Las intervenciones de Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Alejandro Bello Ferreras, Fran Euclides Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico proporcionaron una perspectiva clara sobre los resultados, los obstáculos y los principios que orientan el trabajo en diversas salas del tribunal supremo del país, demostrando a la vez una gran solidez en sus explicaciones y un profundo conocimiento jurídico. Más allá de los números, los magistrados coincidieron, desde diferentes puntos de vista, en un aspecto fundamental: la eficacia judicial está intrínsecamente ligada a la ética, la calidad de las resoluciones, la autonomía y la credibilidad que los ciudadanos depositan en el sistema judicial.
PRODUCTIVIDAD CON RESULTADOS MEDIBLES
El presidente de la Primera Sala de la SCJ, Justiniano Montero Montero, subrayó la conducta ética y los altos niveles de eficacia logrados por su jurisdicción. En su exposición, también discutió el impacto de la tecnología en los procedimientos judiciales y estableció una condición esencial para su uso: la tecnología puede optimizar la gestión, pero no reemplazar la función del juzgador. También mencionó la falta de responsabilidad en el Estado.
En la Segunda Sala, su presidente, Francisco Jerez Mena, presentó logros que reflejan el efecto de una administración basada en la planificación, los datos y las herramientas tecnológicas. Esta jurisdicción ha procesado más de 14,000 expedientes y ha dictado más de 27,000 resoluciones, incluyendo unas 11,000 sentencias y más de 15,000 decisiones. Uno de los indicadores más significativos presentados por Jerez Mena es que el 98% de los casos se resuelven en la primera audiencia programada, un resultado atribuible al uso de notificaciones electrónicas certificadas, una planificación anticipada y un modelo de gestión orientado por la información. El magistrado también planteó otro desafío que va más allá de las estadísticas: la influencia de los llamados juicios paralelos en los medios de comunicación. Jerez Mena advirtió que la exposición mediática de los procesos puede generar conflictos con el derecho al honor, las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, además de fomentar prácticas de populismo penal. Su planteamiento sitúa la independencia judicial frente a una presión contemporánea: cómo impartir justicia sin permitir que la opinión pública, las redes sociales o los juicios mediáticos influyan en la decisión de los tribunales.
LA PRODUCTIVIDAD COMO INDICADOR, PERO NO COMO ÚNICO CRITERIO
El magistrado Samuel Arias Arzeno, juez de la Primera Sala, destacó una carrera caracterizada por altos niveles de rendimiento. Explicó que en siete años ha emitido más de 27,000 decisiones y ha participado como ponente en más de 5,000, lo que equivale al 20% del total. La Primera Sala, además, mantiene tasas de resolución superiores al 98%, sin contar los períodos afectados por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, su presentación también se refirió a una dimensión menos cuantificable de la justicia: la digitalización y la accesibilidad para los ciudadanos. Arias Arzeno resaltó el uso de plataformas digitales para simplificar la presentación de quejas éticas contra jueces y funcionarios judiciales, así como el fortalecimiento de los mecanismos de mediación a través de las Casas Comunitarias de Justicia y los centros de Mediación del Poder Judicial. El mensaje es claro: una justicia eficiente no solo debe resolver expedientes; también debe acercarse a los ciudadanos y ofrecer alternativas para resolver los conflictos antes de que escalen a procesos judiciales más complejos.
TECNOLOGÍA, TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA
La magistrada Vanessa Acosta Peralta, jueza de la Primera Sala, contribuye a esta panorámica con una trayectoria de 27 años en el Poder Judicial, durante los cuales ha desempeñado funciones en diversas jurisdicciones y áreas especializadas. En los últimos siete años, registra 739 resoluciones y 596 sentencias, además de una producción superior a 3,000 decisiones y más de 5,000 decisiones motivadas, según los datos presentados durante su evaluación. Su carrera también está ligada a la perspectiva de igualdad y derechos humanos. Como subcoordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, ha participado en iniciativas destinadas a mejorar el acceso y el funcionamiento de la administración de justicia sin discriminación.
MILES DE EXPEDIENTES BAJO ESCRUTINIO
Desde la Tercera Sala, el magistrado Alejandro Bello Ferreras presentó una trayectoria de más de dos décadas en la judicatura, la docencia, la investigación jurídica y la producción doctrinal. Su experiencia abarca especialmente el derecho civil, procesal e inmobiliario. Durante los siete años en la Tercera Sala, la Sala Reunida y en asuntos de competencia del Pleno de la SCJ, indicó que ha conocido un volumen aproximado de 3,000 expedientes y que hasta el 4 de abril de este año había dictado sentencia en una cantidad similar. Uno de los aspectos destacados de su exposición fue la transparencia lograda en la jurisdicción inmobiliaria, donde afirmó que se han reducido a cero los casos de fraude. Por su parte, el magistrado Rafael Vásquez Goico, también integrante de la Tercera Sala, presentó una producción de 14,800 decisiones, de las cuales ha intervenido en 6,114, equivalentes al 42% del total mencionado. Sin embargo, Vásquez Goico hizo una advertencia relevante frente a la obsesión por las estadísticas: la productividad judicial no debe medirse únicamente por la cantidad de decisiones emitidas. La calidad, la fundamentación y los efectos jurídicos de las sentencias, sostuvo, también forman parte de la verdadera medición del desempeño de un juez.
CASACIÓN AL DÍA Y SOLUCIONES CONSENSUADAS
El magistrado Fran Euclides Soto Sánchez, juez de la Segunda Sala, especializada en asuntos penales, explicó que mantiene actualizados los recursos de casación bajo su responsabilidad y que procura presentarlos a tiempo para garantizar que las partes puedan expresar sus puntos de vista. La Segunda Sala recibe alrededor de 2,000 recursos de casación cada año, de los cuales aproximadamente 400 corresponden a su carga de trabajo. Soto Sánchez también defendió los acuerdos como una vía válida para resolver conflictos penales, incluso cuando los procesos ya se encuentran en etapa de juicio.
UNA JUSTICIA QUE DEBE RESPONDER A LA SOCIEDAD
El conjunto de las exposiciones revela un elemento común: la evaluación de estos siete magistrados no se limitó a sus currículos o a la cantidad de expedientes resueltos. Se plantearon preguntas de mayor trascendencia para el sistema judicial dominicano: ¿cómo se puede evaluar la eficiencia de un juez?, ¿cómo se garantizan decisiones de calidad en medio de una alta carga de trabajo?, ¿hasta dónde debe llegar la tecnología?, ¿cómo se preserva la independencia frente a los juicios mediáticos?, ¿cómo se acerca la justicia a las comunidades? y ¿cómo se fortalece la confianza ciudadana? Las respuestas ofrecidas desde las distintas salas de la Suprema Corte de Justicia muestran una judicatura que enfrenta el desafío de combinar productividad con calidad, tecnología con criterio humano, rapidez con garantías procesales y eficiencia con ética. En ese contexto, las cifras adquieren valor, pero no son suficientes. Porque una justicia verdaderamente eficiente no es únicamente la que resuelve miles de expedientes. Es la que logra hacerlo con independencia, fundamentación, transparencia, igualdad, respeto al debido proceso y capacidad para generar confianza en quienes acuden a ella en busca de una respuesta. Y precisamente ahí se encuentra el principal desafío que dejan las evaluaciones de estos siete magistrados ante el Consejo Nacional de la Magistratura: transformar la productividad judicial en confianza ciudadana y los avances tecnológicos en mejores garantías para quienes buscan justicia.
