El proceso judicial contra Antonio y Maribel Espaillat, implicados en el derrumbe de la discoteca Jet Set, podría experimentar un cambio significativo. Los querellantes buscan recalificar los hechos como homicidio voluntario por dolo eventual, lo que elevaría la posible condena a 20 años y requeriría la intervención de un tribunal colegiado, dada la mayor gravedad de la imputación.
El juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat podría ser trasladado a otro tribunal si los magistrados aceptan la solicitud de clasificar los eventos como homicidio voluntario con dolo eventual, según explicó este viernes el abogado de la parte acusadora, Yan Carlos Martínez Segura. El representante de varias víctimas afirmó que esta modificación incrementaría la pena máxima que podrían enfrentar los acusados hasta 20 años de prisión y alteraría la competencia del tribunal unipersonal que actualmente maneja el expediente.
Martínez Segura adelantó que los demandantes presentarán la petición de manera precisa a medida que se incorporen y discutan las pruebas durante el proceso. Aseguró que esta propuesta no está fuera de tiempo, ya que el Código Procesal Penal permite modificar la calificación jurídica durante el desarrollo del juicio.
“El artículo 327 establece que es posible variar la calificación jurídica en juicio y así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia”, manifestó el letrado al concluir la primera jornada del procedimiento. Explicó que el juez también puede, por iniciativa propia, advertir a los imputados sobre la posibilidad de ser juzgados por un tipo penal distinto. En tal circunstancia, el tribunal debe asegurarles la oportunidad de responder al nuevo planteamiento y preparar adecuadamente su defensa.
Si la petición es aceptada, el caso dejaría de ser tramitado bajo la calificación de homicidio involuntario y lesiones y heridas involuntarias. Según Martínez Segura, la seriedad de la nueva acusación exigiría que el proceso fuera asumido por un tribunal colegiado, dado que la pena máxima excedería los diez años.
El Código Procesal Penal estipula que, cuando una variación jurídica sitúa el caso dentro de la jurisdicción de un tribunal para delitos más graves, el juicio puede ser interrumpido y reanudarse ante la instancia judicial correspondiente, a menos que las partes consientan en que continúe ante el tribunal apoderado. La solicitud aún no ha sido considerada ni resuelta.
Los querellantes deberán probar durante el juicio que los hermanos Espaillat presuntamente estaban al tanto del riesgo inherente a la estructura del establecimiento y, a pesar de ello, aceptaron la posibilidad de un desenlace fatal al mantener sus operaciones. El proceso está relacionado con el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025, que resultó en 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
El Ministerio Público mantiene la acusación basada en los artículos 319 y 320 del antiguo Código Penal y anunció que buscará la pena máxima contemplada por esa calificación. El juicio, presidido por el juez Franny González Castillo, fue suspendido hasta el viernes 4 de septiembre, fecha en la que continuarán las etapas pendientes y las argumentaciones de las partes.