El titular de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, ha señalado que una eventual condena a los dueños de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, aunque sea con la pena más alta, no logrará reflejar la magnitud del sufrimiento infligido a las familias de las 236 víctimas mortales y los cientos de heridos tras el derrumbe del local. El proceso judicial se rige por el antiguo Código Penal, lo que limita las sanciones. Sin embargo, la fiscalía confía en obtener una sentencia condenatoria, dada la solidez de las pruebas presentadas.
En Santo Domingo, el procurador fiscal adjunto y jefe de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, manifestó este viernes que una eventual condena para los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, incluso aplicando la máxima pena contemplada por la legislación bajo la cual se ventila el caso, no podrá reflejar la verdadera magnitud del perjuicio causado a las familias de las 236 personas que perecieron durante el colapso del establecimiento, ni a las centenares que sufrieron lesiones.
Camacho explicó que el procedimiento se lleva a cabo conforme a las disposiciones del anterior Código Penal, por lo que las penas que se pueden imponer están restringidas a las que establece dicha normativa. “No obstante, debido a las propias particularidades de que este es un proceso que se rige por el viejo Código Penal, una resolución condenatoria, aun con la pena más severa, no reflejará el perjuicio que han padecido más de 236 hogares por las muertes ocasionadas por estos acontecimientos”, declaró.
El funcionario expresó su expectativa de que el juicio de fondo por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set culmine con una sentencia de culpabilidad contra los principales imputados, asegurando que los elementos probatorios presentados por el órgano persecutor respaldan plenamente la acusación. Camacho enfatizó que el proceso judicial ha progresado sin interrupciones y consideró que la jornada actual es una demostración de que, cuando las partes no recurren a estrategias para demorar el conocimiento del expediente, los casos pueden desarrollarse con mayor celeridad.
“Al Ministerio Público nos complace enormemente que este proceso avance sin dilaciones. Este expediente es un claro ejemplo de que el Ministerio Público siempre está preparado para las audiencias, y hoy lo hemos demostrado”, afirmó. El procurador fiscal adjunto indicó que el Ministerio Público expuso durante la audiencia su acusación y las evidencias con las que busca establecer la responsabilidad penal de los acusados por el desplome del techo del local, ocurrido el 8 de abril de 2025, un suceso que dejó 236 fallecidos.
“Confiamos en que al finalizar este procedimiento se emitirá una sentencia condenatoria. Una resolución basada en las pruebas que hemos presentado no puede tener otro desenlace que el de una sentencia de culpabilidad”, sostuvo Camacho. El director de la Dirección Nacional de Persecución consideró que, ante la gravedad de la catástrofe, lo mínimo que el sistema judicial puede hacer es aplicar la máxima sanción permitida por el tipo penal correspondiente.
“Lo menos que el sistema puede hacer por estas víctimas, valorando los hechos que han devastado el espíritu del pueblo dominicano, es dictar y condenar al máximo que este tipo penal permite”, aseveró. Camacho reiteró que la acusación presentada por el Ministerio Público posee los componentes esenciales para prevalecer durante la fase de juicio de fondo. “El Ministerio Público considera que este caso tiene las condiciones para prosperar”, concluyó.
