El Ministerio de Medio Ambiente ha actuado recientemente contra construcciones irregulares que invaden zonas de protección ambiental. Las intervenciones resultaron en la demolición de una estructura, la paralización de otra y un acuerdo para la evaluación de una villa turística, demostrando el compromiso de la entidad con la protección de los recursos naturales del país.
El Ministerio de Medio Ambiente llevó a cabo, durante el pasado fin de semana, acciones en al menos tres construcciones ubicadas en áreas de protección. Como resultado, algunas estructuras fueron destruidas, mientras que otra permanece bajo revisión tras alcanzar acuerdos de seguimiento.
Una de las edificaciones no autorizadas ocupaba parcialmente la franja de resguardo del río Maimón, en la provincia Monseñor Nouel. Luego de confirmarse, mediante estudios técnicos, que la construcción invadía el espacio de protección establecido para los cursos de agua, se procedió a su destrucción. La evaluación técnica reveló que tres de los seis vértices de la construcción ilegal se encontraban dentro de los treinta metros designados para la protección del río.
El expediente también indica que las labores habían sido detenidas previamente por las autoridades ambientales y que, posteriormente, se verificó la continuación de los trabajos. Las intervenciones se registran desde agosto de 2025, con nuevas paralizaciones en 2026, antes de la acción realizada esta semana.
En un segundo caso, los expertos detectaron otra construcción ilegal en progreso que afectaba la franja de protección fluvial, lo que llevó a la implementación de las medidas pertinentes basadas en los hallazgos de la inspección.
Por otro lado, en Las Guázaras, Jarabacoa, se intervino una villa turística con un operativo que involucró a cerca de cincuenta agentes del Departamento de Fiscalización Ambiental, con el fin de inspeccionar una estructura cercana a la ribera del río Yaque del Norte. Los oficiales permanecieron varias horas en el lugar, esperando equipos para iniciar el desmantelamiento de las instalaciones turísticas. No obstante, la institución llegó a un supuesto acuerdo con los representantes legales de los dueños de la villa. Según lo acordado, el proyecto será sometido a un proceso de estudio y análisis por parte de las autoridades, para determinar su aprobación o rechazo, siempre y cuando los propietarios cumplan con todos los requisitos del Ministerio de Medio Ambiente.
