Las procuradurías de República Dominicana y Colombia han formalizado la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para intensificar la lucha contra la delincuencia organizada, la trata de personas y otros delitos transnacionales. Este mecanismo facilitará el intercambio directo de pruebas y la coordinación de operativos, marcando un hito en la cooperación judicial entre ambas naciones. El acuerdo, respaldado por la UNODC, prioriza la dignidad humana y la erradicación de prácticas como la explotación sexual.
La Procuraduría General de la República (PGR) de República Dominicana y la Fiscalía General de la Nación de Colombia han formalizado un convenio para establecer un Equipo Conjunto de Investigación (ECI). Su propósito es potenciar las indagaciones relativas a la delincuencia organizada transnacional, la trata de personas, el contrabando de migrantes, los delitos financieros y la corrupción.
El pacto fue suscrito por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, con el respaldo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Este sistema permitirá a los fiscales de ambas naciones compartir directamente evidencias y elementos materiales probatorios, llevar a cabo diligencias procesales de forma coordinada y sincronizar pesquisas relacionadas con casos específicos de criminalidad que trascienden fronteras.
Reynoso enfatizó que el acuerdo incluye, desde su firma, un plan operativo, lo cual, a su entender, demuestra el compromiso de ambos países con una colaboración oportuna. “Para la República Dominicana, y sé que también para Colombia, esta firma de equipo conjunto de investigación posee una característica especial: es una firma que ya incorpora su plan operativo”, explicó.
La trata de personas, una prioridad
La procuradora indicó que República Dominicana empleará esta herramienta para enfrentar crímenes como la trata de personas con fines de explotación sexual y el tráfico ilícito de migrantes. Recordó que el país ya había establecido un primer Equipo Conjunto de Investigación con Chile y aseguró que el Ministerio Público continuará utilizando los instrumentos establecidos en la Convención de Palermo.
“El delito de la trata de personas menoscaba profundamente la dignidad de los individuos. Es un delito cuyo objetivo es mercantilizar seres humanos”, manifestó Reynoso. Añadió que el combate contra este crimen constituye una prioridad para la gestión actual del Ministerio Público.
“Cuando un ser humano se convierte en objeto de comercialización y es sometido a tratos más propios de la esclavitud, es un delito, reitero, que exige una perspectiva integral y siempre requiere una atención particular”, expresó.
Reynoso sostuvo que las autoridades tienen “la obligación ética y legal de trabajar para alcanzar metas estratégicas de alto impacto para la vida de millones de personas, en este caso, colombianos y dominicanos, y otras nacionalidades que vienen a residir en nuestros países”.
Colombia suma su ECI número 18
Por su parte, Luz Adriana Camargo Garzón informó que este es el Equipo Conjunto de Investigación número 18 establecido por Colombia con naciones signatarias de la Convención de Palermo.
“Quiero comenzar celebrando la posibilidad de que lleguemos a convenios concretos para el intercambio de información en un tema tan relevante como el que nos reúne hoy, que trabaja directamente contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, un flagelo que tiene agobiada no solo a nuestra región”, afirmó.
La fiscal colombiana señaló que la trata de personas también tiene repercusiones en diversos países de Europa y consideró indispensable que los delitos transnacionales sean enfrentados mediante mecanismos de cooperación internacional.
“Hemos constatado que, definitivamente, en delitos transnacionales la lucha debe ser a través de instrumentos como este que nos permitan realizar un intercambio ordenado, informado, un instrumento que nos permita contar con investigación aquí y allá, pero también que nos permita desarrollar programas conjuntos de investigación”, indicó.
Camargo planteó, además, la necesidad de que ambos países compartan metodologías y experiencias de investigación para fortalecer sus capacidades institucionales.
Rastrear el dinero
La fiscal general de Colombia resaltó la relevancia de perseguir las finanzas del crimen, no solo en relación con las ganancias obtenidas por las organizaciones, sino también con los recursos que utilizan para ejecutar sus operaciones.
“Porque eso implica una movilización de dinero que podemos y debemos alcanzar si observamos las enseñanzas muy simples de Falcone: sigue el dinero, sigue la ruta del dinero”, expresó.
Fundamento jurídico del acuerdo
El ECI se fundamenta en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, así como en las normativas procesales penales de República Dominicana y Colombia.
El artículo 161 de la Ley 97-25, que establece el Código Procesal Penal dominicano, contempla la posibilidad de que el Ministerio Público coordine investigaciones con autoridades extranjeras y conforme equipos conjuntos sometidos al control judicial.
Colombia ratificó la Convención de Palermo el 4 de agosto de 2004, mientras que República Dominicana lo hizo el 26 de octubre de 2006.
El equipo contará con la cooperación y el apoyo logístico de la UNODC y busca facilitar una coordinación más ágil entre fiscales dominicanos y colombianos frente a investigaciones que involucren a ambos territorios.
