Cerca de sesenta delegados de entidades gubernamentales, poderes públicos y organismos autónomos se congregaron para la primera sesión convocada por el Ministerio de Justicia. El objetivo fue analizar y aportar al borrador de la normativa del Sistema Nacional de Derechos Humanos. Este esfuerzo busca la coordinación interinstitucional para robustecer la protección de los derechos fundamentales en el país.
Aproximadamente sesenta delegados de la administración pública, los distintos poderes del Estado y entes autónomos se reunieron en la primera convocatoria organizada por el Ministerio de Justicia. El propósito fue examinar y contribuir al anteproyecto del Reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos. Esta iniciativa subraya la importancia de que el Estado revise este marco normativo para su implementación efectiva.
La reunión, que tuvo lugar en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, forma parte de un proceso denominado “Construyamos el Sistema Nacional de Derechos Humanos”. Esta estrategia busca involucrar a las instituciones públicas en el establecimiento y fortalecimiento de un mecanismo nacional de coordinación en esta materia crucial.
Durante la jornada, los participantes analizaron la propuesta desde sus respectivas áreas de experticia. Identificaron formas de colaboración y evaluaron las responsabilidades que asumirían las diversas entidades dentro de la estructura del Sistema.
El Ministerio de Justicia resalta la coordinación institucional. En la inauguración, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, enfatizó la relevancia de integrar a las distintas dependencias del Estado que tendrán un rol en la articulación, puesta en marcha y operación del Sistema Nacional de Derechos Humanos.
El viceministro de Derechos Humanos, Noel Sued Canahuate, expuso los elementos esenciales del Sistema. Asimismo, detalló el enfoque y las metas que guían su proceso de desarrollo y consolidación.
El encuentro también hizo hincapié en la necesidad imperante de reforzar la colaboración entre instituciones para avanzar hacia acciones conjuntas. Estas acciones están orientadas a asegurar la promoción, salvaguarda y respeto de los derechos humanos.
Representantes de diferentes poderes e instituciones estuvieron presentes. Entre las personalidades que participaron se encontraban Ignacio Pascual, juez presidente del Tribunal Superior Electoral; Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; Rafael Santos Badía, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y Maira Margarita Morla Pineda, directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).
También asistieron Edward Guzmán, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa); David Herrera Díaz, director ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre); Benny E. Metz, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis); Demetrio Antonio Vicente Ureña, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), y José Benedicto Hernández Tejada, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración.
La mayoría de los otros ministerios estuvo representada por sus respectivos viceministros. Igualmente, acudieron delegados del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Central Electoral, entre otras entidades.
Al concluir la sesión, los asistentes expresaron su voluntad de seguir contribuyendo en la creación, validación y consolidación del Sistema Nacional de Derechos Humanos desde sus áreas de competencia específicas.
