Trece niños, con edades entre tres meses y 13 años, fueron rescatados en Haina tras vivir en condiciones de hacinamiento y presunta explotación. Eran entregados a allegados de un pastor, quienes supuestamente los forzaban a trabajar y los sometían a maltrato. Las autoridades investigan ahora posibles casos de maltrato infantil, explotación laboral y trata de personas.
Trece niños, de edades que oscilan entre los tres meses y los trece años, eran recibidos y posteriormente cedidos a individuos cercanos a un líder religioso en Haina. En ese lugar, según consta en el expediente de la Policía Nacional, se les obligaba a desempeñar diversas tareas. Estas circunstancias son ahora objeto de investigación por posibles situaciones de maltrato infantil, explotación de trabajo y comercio de personas.
El informe policial detalla que los menores residían en una propiedad situada en el sector Las Paredes, en Haina, provincia San Cristóbal. Allí, se dedicaban a labores relacionadas con la construcción y el trabajo de la madera, mientras algunos tampoco asistían a la escuela. La indagación también recopila acusaciones sobre supuestos golpes, quemaduras en las manos, privación de comida y castigos físicos.
La investigación se inició la noche del 28 de agosto de 2026, después de que un niño de doce años, originario de El Seibo, lograra escapar del sitio y fuera llevado al puesto policial de Hatillo. El menor relató que su progenitora lo había entregado al hombre conocido como “El Pastor” o “El Capellán”, debido a las difíciles condiciones de su entorno familiar.
Las pesquisas identificaron al hombre conocido como “El Pastor” como Ángel Gabriel Capellán, de sesenta y nueve años. Él figura como pastor de la Fundación “Restaurando Vida, Un Muerto que Revive”, localizada en la calle Feliciana número 66, en Las Paredes. Conforme al expediente, Capellán afirmó que algunas madres le entregaban temporalmente a sus hijos debido a sus apuros económicos y que la fundación se hacía cargo de ellos.
Las autoridades también están examinando la forma en que los menores eran acogidos y después entregados o distribuidos entre familias vinculadas al pastor, así como las condiciones en que permanecían bajo la tutela de estas personas.
El lugar donde se realizó la intervención estaba compuesto por una iglesia y, en la parte posterior, una finca con una vivienda de aproximadamente dos niveles y ocho habitaciones, construida en madera y zinc. En las imágenes obtenidas durante el allanamiento se observa a varios menores y adultos compartiendo espacios reducidos, en condiciones de aglomeración. Algunas fotografías también muestran a niños con una apariencia física delgada y vulnerable, aunque su estado de salud deberá ser determinado mediante las evaluaciones médicas correspondientes. Durante la intervención se recolectaron prendas de vestir, cuadernos y medicinas que pertenecían a los niños.
El 30 de agosto de 2026, las autoridades ejecutaron la orden de allanamiento número 01541-2026-AJOA-02992 en la propiedad. Como resultado, fueron puestos a salvo trece menores, con edades comprendidas entre los tres meses y los trece años. Los niños quedaron bajo la protección de las autoridades competentes y serán sometidos a exámenes médicos, psicológicos y sociales. Durante el operativo también se identificaron a varias personas adultas relacionadas con el lugar. Algunas quedaron bajo arresto para fines de investigación y fueron puestas a disposición del Ministerio Público.
Entre los individuos investigados se encuentran Michael Emmanuel Alcántara, quien aparece como director de la fundación, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, señalado en el expediente como la persona que habría trasladado a los menores. Las autoridades continúan investigando cómo llegaban los niños al lugar, quiénes los entregaban, a qué familias allegadas al pastor eran enviados y qué trabajos realizaban durante su permanencia bajo el cuidado de los adultos.
La Policía Nacional establece en el expediente que los hechos presentan posibles indicios de maltrato infantil, explotación laboral y una eventual situación de trata de personas, sin perjuicio de la calificación legal que determine el Ministerio Público.
