Catorce niños fueron rescatados de una propiedad vinculada a la Fundación Restaurando Vida en Bajos de Haina, San Cristóbal, donde presuntamente eran sometidos a violencia física, quemaduras, inanición y trabajo forzado. Las autoridades iniciaron una investigación tras la denuncia de un menor, revelando un patrón de abuso sistemático. El líder de la fundación, conocido como “El Pastor”, y un cómplice enfrentan cargos graves.
Los catorce niños y adolescentes hallados en una propiedad asociada a la Fundación Restaurando Vida “Un Muerto que Revive”, situada en el municipio de Bajos de Haina, San Cristóbal, eran objeto constante de golpizas, quemaduras, desnutrición y labores obligatorias. Esta información se desprende de la solicitud de medida de coerción presentada contra Ángel Gabriel Capellán, conocido como “El Pastor” o “Capellán”, propietario del inmueble donde se llevó a cabo el allanamiento.
Según el expediente, la investigación se inició luego de que un menor de iniciales D.E.Y., de doce años, fuera examinado por un médico forense tras una acusación formulada ante la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes. El informe médico documentó múltiples lesiones consistentes con golpes de cinturón, ya cicatrizadas, en el rostro, extremidades superiores e inferiores, tronco y espalda, junto con quemaduras de segundo grado en el dorso de ambas manos, también en proceso de curación.
El documento legal detalla que, durante una entrevista con una psicóloga forense, el niño manifestó no asistir a la escuela y ser forzado a realizar trabajos con madera para la construcción de una vivienda. Su testimonio incluye haber sufrido palizas, quemaduras en las manos, privación de comida por varios días y la obligación de permanecer arrodillado por largos periodos, en ocasiones sujetando un objeto pesado sobre su cabeza.
El menor también describió otros castigos, como ser encerrado solo por tiempos prolongados, recibir golpes con correas y tener que arrodillarse sobre un guayo. Expresó su temor a regresar al lugar debido a los supuestos abusos padecidos. La instancia legal afirma que el niño era originario de El Seibo y que su madre lo llevó al lugar, dejándolo bajo el cuidado de Ángel Gabriel Capellán, a quien el menor señaló como el responsable de los maltratos.
Ante la seriedad de las acusaciones, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de detención contra Capellán, la cual se ejecutó la noche del 29 de agosto de 2026. Posteriormente, durante las diligencias investigativas, las autoridades identificaron a Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, mencionado en el expediente como la persona que habría trasladado a varios menores desde la propiedad de la Fundación Restaurando Vida hasta otra casa en el sector El Carril, Los Solares.
El informe señala que Muñoz Rodríguez se desplazaba en un vehículo Toyota Corolla CE, modelo 1994, de color beige, con placa A272601, y que luego fue visto caminando por los alrededores de la propiedad, motivo por el cual fue detenido para interrogatorio y posteriormente puesto en libertad. La investigación continuó y el 30 de agosto las autoridades llevaron a cabo órdenes de allanamiento en diversas propiedades relacionadas con el caso.
En uno de los inmuebles se hallaron pertenencias de menores de distintas edades, incluyendo ropa, cuadernos, uniformes, mochilas, juguetes, reconocimientos escolares, documentos de identidad y partidas de nacimiento, además de armas blancas y otros objetos. Durante el operativo, las autoridades también encontraron a nueve niños y adolescentes en una vivienda del sector El Carril, algunos de ellos muy pequeños, acompañados por dos mujeres adultas. El expediente indica que dos de los menores fueron posteriormente entregados a su madre.
La Fiscalía sostiene que la Fundación Restaurando Vida “Un Muerto que Revive” carecía de la autorización necesaria de una autoridad competente para operar como centro de acogida para niños, niñas y adolescentes, considerando irregular la recepción y retención de menores en sus instalaciones. Entre los documentos incautados durante los allanamientos se encontró una comunicación de CONANI con fecha del 30 de octubre de 2020, que disponía la suspensión del funcionamiento de la fundación y prohibía el ingreso de niños, niñas y adolescentes a sus instalaciones. También se solicitaba iniciar la reinserción familiar de los menores que se encontraban allí.
El Ministerio Público acusa a Capellán de infracciones relacionadas con trabajo o servicio forzado en perjuicio de niños, niñas y adolescentes, además de otras violaciones contempladas en las leyes 137-03 y 136-03, mientras que atribuye a Isaías Ramón Muñoz Rodríguez una participación como cómplice. La Fiscalía pidió al tribunal imponer prisión preventiva a ambos imputados, citando la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y la falta de arraigo suficiente para asegurar su comparecencia en el proceso. Las acusaciones forman parte de una solicitud de medida de coerción y, por lo tanto, será la justicia quien determine la responsabilidad penal de los acusados.
