La Dirección General de Aduanas (DGA) de República Dominicana ha anunciado nuevas directrices para fortalecer el control y la verificación de las mercancías destinadas a Haití. Estas medidas, que entrarán en vigor el 15 de septiembre, buscan asegurar la trazabilidad y legalidad de las operaciones comerciales, respondiendo a inquietudes sobre el tránsito de cargas y reforzando la seguridad fronteriza.
La Dirección General de Aduanas (DGA) de Santo Domingo ha comunicado la implementación de nuevas reglamentaciones con el propósito de optimizar la supervisión y el seguimiento de los bienes que salen de República Dominicana con destino a Haití. Estas acciones se presentan en medio de un debate suscitado por quejas empresariales respecto al desplazamiento de cargas hacia el país vecino.
Las disposiciones comenzarán a aplicarse a partir del día quince de septiembre. Incluyen la obligación de solicitar las operaciones de tránsito con una antelación mínima de veinticuatro horas, además de fijar un horario específico para la salida de los productos hacia el territorio haitiano.
Conforme a las nuevas directrices, las cargas dirigidas a Haití deberán salir entre las ocho de la mañana y la una de la tarde. Aquellas que no figuren en las listas correspondientes serán programadas para el día siguiente.
La DGA también impondrá un límite de veinte contenedores por compañía para las gestiones de despacho, como parte de las iniciativas orientadas a facilitar una supervisión más eficaz de los movimientos de mercancías en la zona fronteriza.
El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, explicó que se fortalecerán las tareas de inteligencia, control y seguridad aduanera. Al mismo tiempo, se pondrán en marcha mecanismos especiales de custodia para aquellas operaciones consideradas de alto riesgo.
“Las operaciones que presenten perfiles de riesgo elevados estarán sujetas a protocolos especiales de vigilancia y resguardo”, afirmó Arroyo. Señaló que el objetivo es asegurar que los productos completen su recorrido hasta el destino declarado y prevenir desvíos o intentos de comercialización irregular dentro del territorio dominicano.
La institución aclaró que estas disposiciones no tienen como fin obstaculizar el tránsito internacional de mercancías hacia Haití, dado que esta actividad se encuentra regulada por acuerdos internacionales suscritos por República Dominicana. Aduanas indicó que su responsabilidad consiste en fiscalizar y supervisar las operaciones para garantizar su desarrollo dentro del marco legal.
En ese sentido, la DGA recordó que los bienes que ingresan al país bajo el régimen de tránsito internacional deben estar debidamente manifestados desde su origen y contar con un destino claramente especificado. El organismo mencionó entre los instrumentos que rigen estas operaciones el Convenio de Kioto Revisado de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y el artículo 5 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).
La entidad también advirtió que mantendrá una política de tolerancia cero ante el desvío o la introducción irregular de mercancías en el mercado dominicano. Cualquier carga que sea detectada fuera de los procedimientos establecidos será investigada y sancionada conforme a la legislación vigente.
Respecto a las regulaciones sanitarias y fitosanitarias, Aduanas precisó que estas corresponden a las autoridades competentes de cada país. No obstante, aseguró que mantiene una coordinación constante con las instituciones nacionales responsables de esas áreas para responder ante posibles riesgos para la salud pública, la producción agropecuaria o el medio ambiente.
Las nuevas disposiciones forman parte de una estrategia de fortalecimiento institucional que también incluye un mayor seguimiento en los principales puntos fronterizos y una colaboración más estrecha con administradores de frontera, transportistas, operadores logísticos y representantes del sector comercial.
La DGA sostuvo que con estas acciones busca elevar los niveles de trazabilidad y seguridad del comercio con Haití, proteger el mercado dominicano y asegurar que el tránsito internacional continúe desarrollándose de manera legítima, transparente y bajo las normativas nacionales e internacionales.
