El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) enfrenta nuevas acusaciones de irregularidades en la adjudicación de contratos para el almuerzo escolar, sumando más de RD$1,900 millones. Proveedores denuncian que empresas descalificadas inicialmente recibieron contratos, y se cuestionan supuestos vínculos entre adjudicatarios y personas relacionadas con la institución. Estas revelaciones surgen a casi un año de denuncias previas ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Casi un año después de que diversos proveedores presentaran reclamaciones ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por supuestas anomalías en los procedimientos de contratación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), nuevas imputaciones vuelven a poner en entredicho las licitaciones para el suministro de la comida escolar. En esta ocasión, los señalamientos se refieren al proceso correspondiente a los ciclos lectivos 2026-2027 y 2027-2028 en San Pedro de Macorís, cuyo valor excede los RD$1,900 millones. La convocatoria se inició el 24 de noviembre de 2025 y se finalizó el 7 de agosto de 2026, casi diez meses después. Los querellantes, representados por el abogado Pedro Lara, afirman haber detectado empresas que, a pesar de haber sido inicialmente descartadas por el propio comité de compras del INABIE, finalmente obtuvieron acuerdos comerciales de alto valor. “Estoy completamente seguro de que, cuando esto se revele en toda su magnitud, será peor que los casos de Víctor Castro y Cecilio”, advirtió Lara. El letrado defiende a 11 participantes afectados, quienes ponen en tela de juicio el desarrollo del proceso y aseguran que varias de las entidades favorecidas no cumplían con los requisitos establecidos.
Empresas descalificadas terminaron con contratos millonarios
Según la información proporcionada por los denunciantes, 51 empresas fueron seleccionadas en San Pedro de Macorís. De estas, 15 habían sido previamente rechazadas por no cumplir con los criterios establecidos en los pliegos, pero posteriormente se les otorgaron contratos que, en conjunto, sobrepasan los RD$445 millones. Uno de los ejemplos citados es el de Manuel Emilio Mejía Molina, a quien se le concedieron RD$31 millones 361 mil 168, a pesar de que, según los denunciantes, el informe de evaluación del INABIE habría indicado que presentó documentos falsos. “El mismo informe emitido por INABIE establece que esa persona entregó información incorrecta y, por ese motivo, conforme a lo estipulado en el pliego, queda automáticamente inhabilitado”, afirmó Lara. Otro caso cuestionado es el de Leidi Massiel Cabrera Heredia, quien obtuvo un contrato por RD$38 millones 128 mil 306. Los denunciantes sostienen que durante las inspecciones el local no cumplía con las condiciones requeridas y alegan que se trataba de un espacio vacío, sin identificación comercial y sin sistema de extracción. Según Lara, el establecimiento habría sido acondicionado posteriormente. “Nosotros presentamos videos que demuestran que, en el momento de la supervisión y después, ese lugar estaba pintado de color crema. Como ya habíamos interpuesto una denuncia, habilitaron el espacio y le cambiaron el color”, aseveró. Los perjudicados también señalan presuntos lazos entre algunos adjudicatarios y personas vinculadas al entorno del INABIE. En el caso de Cabrera Heredia, mencionan a su padre, Francisco Alberto Cabrera Javier, conocido como “Don Lolo”, y alegan que tendría conexión con el actual director ejecutivo de la institución, Adolfo Pérez de León. Estas afirmaciones forman parte de las alegaciones de los afectados y no implican por sí mismas responsabilidad de los funcionarios o proveedores mencionados.
Denuncian posibles vínculos entre empresas y políticos
Otro de los puntos cuestionados es la existencia de aparentes conexiones entre empresas que participaron de manera independiente, pero que, según los afectados, podrían estar relacionadas entre sí. Lara mencionó los nombres comerciales Azul Divino, Gilkiri, Bladjoe, Black Hill, Grupo Orsan y Suero Gourmet. Como ejemplo, explicó que Gilberto Bolívar Ortiz Ortiz figura como titular del nombre comercial de Gilkiri, S.R.L., a la cual se le adjudicaron RD$34 millones 997 mil 811, y también aparece en relación con Azul Divino, que recibió RD$23 millones 281 mil 886. “Ya estamos hablando de tres empresas. Entonces, ¿eso es una coincidencia?”, inquirió Lara al referirse a otras compañías que, según su denuncia, estarían ligadas a miembros de una misma familia. Los afectados también identificaron adjudicatarios que, según aseguran, tendrían conexiones políticas. Entre ellos mencionaron a Dignora Ortiz, de quien alegan que mantiene vínculos con autoridades municipales de Hato Mayor y San Pedro de Macorís. Asimismo, cuestionan la adjudicación a CP & DC, propiedad de Héctor Luis Febles, conocido como “El Primo”, esposo de la diputada por San Pedro de Macorís Carolina Paula, conocida como “La Prima”. La empresa obtuvo un contrato por RD$28 millones 155 mil 710, aunque, según los denunciantes, el INABIE había señalado incumplimientos relacionados con el formulario de presentación de ofertas y la declaración de conflicto de interés. También fueron señaladas Helen Elizabeth MacCow, adjudicada con RD$28 millones 931 mil 766, y Nicole Elizabeth James Cotes, con RD$25 millones 501 mil 350. Los denunciantes sostienen que estas empresas podrían tener vínculos entre sí y hablan de una posible colusión, extremo que corresponde determinar a las autoridades.
Proveedores afectados aseguran haber quedado fuera
Mientras algunos de los adjudicatarios cuestionados obtuvieron contratos millonarios, proveedores que participaron en el proceso afirman haber sido excluidos a pesar de contar con experiencia, infraestructura y buenas calificaciones. Uno de ellos es Rafael Emilio Tejeda, quien asegura que tenía más de 12 años como suplidor y realizó una inversión de varios millones de pesos en equipos especializados. Según explica, su propuesta obtuvo una puntuación de 89 puntos, pero aun así quedó fuera. “Yo quedé por encima de mucha gente que estuvo descalificada y la habilitaron. Yo no entiendo”, expresó Tejeda. El proveedor estima que su inversión en equipamiento oscila entre RD$4 y RD$5 millones, además de un préstamo hipotecario de aproximadamente RD$5 millones para adquirir el local. “Yo soy papá y mamá, porque mi esposa falleció de cáncer. Tengo una hija que va para la universidad. Entonces, el director no da la cara”, manifestó. Una situación similar atraviesa Elena Rijo, quien participó por primera vez en el proceso con un restaurante de más de 22 años de operación. Rijo obtuvo una puntuación de 89.25, pero no fue seleccionada para suplir una escuela cercana a su establecimiento. “Nosotros como empresa sacamos 89.25 y estamos de una escuela a 220 pies. Y le adjudicaron la escuela a una cocina que está a dos kilómetros y medio”, cuestionó. Los afectados también denunciaron un cambio en la metodología para medir las distancias. Según explican, la licitación establecía inicialmente que se utilizaría Google Maps, pero durante el proceso este criterio habría sido sustituido por otra aplicación. A juicio de los proveedores, esto terminó afectando a participantes cuyas cocinas estaban ubicadas cerca de los centros escolares, mientras otros, situados a varios kilómetros, resultaron favorecidos. Para Lara, la distancia es fundamental para garantizar que los alimentos lleguen en condiciones adecuadas. “Cuando tú estás cerca del centro, eso permite que la comida llegue en condiciones favorables, caliente y en condiciones óptimas”, explicó.
Afectados recurren el proceso
Ante las presuntas irregularidades, los proveedores perjudicados presentaron un recurso de revisión administrativa ante el Comité de Compras y Contrataciones del INABIE, en el que alegan una vulneración a sus derechos y al principio de igualdad de trato. Noticias SIN solicitó una entrevista al director ejecutivo del INABIE, a través del Departamento de Relaciones Públicas de la institución, pero al cierre de esta información permanecía a la espera de respuesta. Mientras tanto, este jueves el INABIE informó la suspensión de 14 proveedores por anomalías detectadas en procesos de almuerzo y desayuno escolar en 12 localidades, incluida San Pedro de Macorís. La institución también anunció nuevas inspecciones a proveedores adjudicados en esa demarcación. Entre los hallazgos reportados figuran cocinas desmanteladas o inexistentes en las direcciones declaradas, instalaciones en remodelación y cambios de domicilio sin autorización. Ahora corresponde determinar si las denuncias responden a casos aislados o si evidencian fallas más profundas en un proceso que compromete más de RD$1,900 millones y la alimentación de miles de estudiantes.
