Ministerio Público Detiene Construcciones Ilegales en Parque Ecológico Rivera del Río Jaya

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El Ministerio Público, a través de su división ambiental, ha detenido obras de construcción no autorizadas dentro del Parque Ecológico Rivera del Río Jaya, en San Francisco de Macorís. Estas actividades violaban la legislación ambiental dominicana al carecer de permisos y estudios de impacto, afectando el margen protegido del río Jaya. La intervención busca salvaguardar este importante ecosistema.

La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) del Ministerio Público ha interrumpido labores de edificación efectuadas sin la debida autorización dentro de los confines del Parque Ecológico Rivera del Río Jaya, situado en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

La interrupción se llevó a cabo durante una operación liderada por la procuradora de Corte y coordinadora de Proedemaren en San Francisco de Macorís, Juana María Brito Morales. Ella explicó que la zona pública del río Jaya forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, requiriendo por ello estudios de impacto ambiental y la autorización pertinente del Estado dominicano para cualquier intervención, documentos que el ingeniero José Veras, a cargo del proyecto, no poseía.

En la intervención, que contó también con la participación de integrantes de la Dirección Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la oficina del coordinador de la Regional Norte de Áreas Protegidas y agentes del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), se constató que las actividades se realizaban infringiendo el límite lineal de treinta metros del río Jaya, conforme a lo estipulado en la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00).

Para erigir la estructura, y como parte de sus acciones, los responsables llevaron a cabo el desmonte y la nivelación de los terrenos situados en el lecho del río Jaya, sin contar con la licencia o el permiso ambiental correspondiente.

El Parque Ecológico Rivera del Río Jaya goza de protección bajo la Constitución de la República, así como por la Ley 64-00.