El Consejo Nacional de la Magistratura ha confirmado a cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia para un nuevo periodo de siete años, tras un riguroso proceso de evaluación. Esta decisión, fundamentada en la Constitución y las leyes pertinentes, deja seis vacantes adicionales por cubrir en el alto tribunal. El proceso para presentar nuevas candidaturas continúa abierto hasta mediados de septiembre.
Luego de las correspondientes deliberaciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a las atribuciones que le otorgan los artículos 179 de la Constitución de la República y 3 de la Ley núm. 138-11, y considerando lo establecido en el artículo 2 del Reglamento núm. 2-25, que define los criterios para la evaluación del rendimiento de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, resolvió ratificar por un lapso de siete años a los magistrados Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Samuel Amaury Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico. Con esta determinación del Consejo Nacional de la Magistratura, se suman dos posiciones vacantes a las ya existentes, lo que eleva el número total de puestos a ocupar en la Suprema Corte de Justicia a seis. El proceso de admisión de propuestas e inscripciones de aspirantes para dichas plazas permanece abierto. Se invita a los interesados a entregar propuestas de candidaturas y postulaciones en la Secretaría del CNM, ubicada en el edificio de la Suprema Corte de Justicia, dentro de los plazos fijados, es decir, hasta el día 10 de septiembre en curso para la presentación de candidaturas y hasta el 15 de este mismo mes para la inscripción de postulaciones.
Perfiles de los magistrados ratificados
Justiniano Montero Montero
Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con estudios de posgrado que incluyen una maestría en Sociedad Democrática, Estado y Derecho por la Universidad del País Vasco y una maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es juez de la Suprema Corte de Justicia desde abril de 2019 y actualmente preside la Primera Sala (Civil y Comercial). En el plano institucional e internacional, es representante del país ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) y redactor de dictámenes de dicho órgano. También es miembro del Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial y ha estado a cargo de comisiones importantes como el Comité de Implementación de la Ley núm. 339-22, que regula el uso de medios digitales en el Poder Judicial.
Fran Euclides Soto Sánchez
Doctor en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Integra la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, especializada en materia penal, luego de haberse desempeñado como fiscal de carrera desde el año 2009. En el ámbito de la gestión institucional, desde 2022 preside la Comisión Ejecutiva de Tecnología del Poder Judicial y se desempeña como juez líder del Programa de Optimización del Proceso Penal, iniciativa orientada al fortalecimiento de la gestión y eficiencia de esa jurisdicción. Se destaca, además, como impulsor de la modificación del Reglamento del Juez de Ejecución de la Pena, aprobado en 2025.
Samuel Amaury Arias Arzeno
Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), con un máster internacional en Resolución de Conflictos por la Universidad Oberta de Catalunya. Juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia desde 2019, cuenta con más de dos décadas como docente universitario y fue director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). En materia de acceso a la justicia y resolución alternativa de conflictos, se destaca por haber propuesto el Reglamento General sobre Mecanismos No Adversariales de Resolución de Conflictos y la Guía para la Derivación de Casos Judiciales. En el ámbito institucional, presidió la Comisión Ejecutiva de Gestión Documental y la Comisión Interna del Poder Judicial para Datos Abiertos, y ha participado en iniciativas relacionadas con los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos y los Tribunales de Tratamiento de Drogas (MARC-TTD). Recientemente sustentó, con la máxima distinción (sobresaliente cum laude), su tesis doctoral sobre acceso a la justicia civil de personas en condiciones de pobreza, en el marco del doctorado conjunto de la Universidad Externado de Colombia y la PUCMM.
Anselmo Alejandro Bello Ferreras
Doctor en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en la carrera judicial, iniciada en julio de 2000 como juez de paz. Al momento de su designación en la Suprema Corte de Justicia, en abril de 2019, se desempeñaba como juez presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central. Es docente, doctrinario y articulista, con amplia experiencia en materia civil e inmobiliaria, y cuenta con maestrías en Relaciones Internacionales y un postgrado en Metodología de la Investigación Avanzada, ambos de la Universidad Católica Santo Domingo. Como juez de la Suprema Corte de Justicia, en 2020 integró la Comisión para el Censo del Poder Judicial y participó en el proyecto de Manejo de Redes Sociales de Jueces. También lideró la comisión que trabajó la actualización del marco normativo de la jurisdicción inmobiliaria.
Rafael Vásquez Goico
Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Eugenio María de Hostos, docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y autor de varias obras jurídicas. Juez de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (Tierras, Laboral, Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo), entre sus responsabilidades ha estado la de coordinar el Plan de Descongestión de la jurisdicción contencioso-administrativa y tributaria. Fue presidente de la comisión encargada de la modificación del Reglamento Disciplinario de los Jueces y participó en la elaboración de los reglamentos sobre la suspensión de ejecución de sentencias recurridas en casación y los recursos de apelación disciplinarios contra abogados y notarios públicos, así como en propuestas de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la ley de casación.
