La Contraloría General de la República (CGR) llevó a cabo una exhaustiva fiscalización de 337 inmuebles y 328 contratos de alquiler de entidades públicas entre marzo y agosto de 2026. Este proceso, que abarcó montos significativos en pesos y dólares, busca garantizar que los bienes arrendados cumplan con las condiciones necesarias y justifiquen la inversión de recursos estatales, previniendo así posibles irregularidades en el manejo de los fondos públicos.
La Contraloría General de la República (CGR) examinó 337 propiedades ligadas a acuerdos de arrendamiento y alquiler de entidades gubernamentales entre marzo y agosto de 2026, de las cuales 328 recibieron aprobación sin objeciones. Este procedimiento cubrió convenios valorados en más de RD$2,011.9 millones y US$33.5 millones, como parte de la supervisión técnica que la entidad aplica obligatoriamente a los arrendamientos y alquileres del Estado.
De las revisiones efectuadas, el Departamento de Ingeniería y Arquitectura evaluó 243 propiedades y otorgó 236 permisos sin objeciones. La Dirección de Unidades de Auditoría Interna Gubernamental, por su parte, inspeccionó otras 94 propiedades y concedió 92 autorizaciones. El contralor general, Geraldo Espinosa, explicó que estas inspecciones tienen como fin confirmar en el lugar si las propiedades cumplen con las especificaciones y características requeridas por las instituciones antes de asumir o renovar obligaciones de alquiler.
“Toda propiedad que el Estado arrienda debe satisfacer una necesidad genuina y poseer las condiciones que justifiquen su contratación”, afirmó Espinosa.
351 peticiones recibidas
Durante los cinco meses analizados, la Contraloría recibió 351 solicitudes de inspección. De ese total, 337 ya habían sido evaluadas, mientras que las 14 restantes estaban pendientes o programadas al finalizar el periodo. Las propiedades examinadas son principalmente oficinas, además de depósitos y estacionamientos. También se inspeccionaron centros educativos privados alquilados para impartir enseñanza a alumnos de escuelas públicas. Una porción considerable de las solicitudes correspondió a la renovación de contratos ya existentes, según el informe de la institución.
Mayor concentración en el Gran Santo Domingo
Las inspecciones se llevaron a cabo en diversas provincias del país, aunque los mayores valores contratados se concentraron en el Gran Santo Domingo. El proceso también incluyó propiedades ubicadas en Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata, Barahona, Duarte, Azua, San Pedro de Macorís y Samaná, entre otras localidades.
El Ministerio de la Mujer fue una de las entidades con la mayor cantidad de requerimientos, con 56 solicitudes relacionadas principalmente con casas de acogida y oficinas. Al cierre del período, la Contraloría había realizado 39 de esas inspecciones. Espinosa sostuvo que el propósito es que la fiscalización permita identificar posibles inconsistencias antes de que las instituciones comprometan fondos públicos.
“Nuestro objetivo es que el control no sea simplemente un trámite. Debe servir para prevenir, organizar y brindar mayores garantías del manejo escrupuloso de los bienes del Estado”, señaló. La fiscalización de los alquileres y arrendamientos estatales es obligatoria desde el 1 de marzo de 2026, conforme a las disposiciones de la Contraloría, como parte del control previo sobre este tipo de contrataciones.
