Una nueva legislación sobre juegos de azar, aprobada por la Cámara de Diputados, introduce un Registro Nacional de Autoexclusión, permitiendo a los ciudadanos restringir voluntariamente su acceso a estos juegos. La normativa también prohíbe los créditos para apostar y asigna el 10% de las multas recaudadas a programas de prevención y tratamiento de la ludopatía, reforzando el compromiso con la salud mental y la protección del jugador.
El proyecto legislativo que regula las actividades de juego, recientemente aprobado por la Cámara de Diputados, contempla la creación del Registro Nacional de Autoexclusión. Esta herramienta permitirá a cualquier individuo inscribirse de manera voluntaria para impedir su participación en juegos de azar en todo el país. Según lo establecido en el artículo 38, la inscripción será gratuita, podrá efectuarse de forma presencial o digital, y tendrá una duración mínima de seis meses. Los operadores tendrán la obligación de consultar este registro antes de permitir el acceso, abrir cuentas o entregar premios, y no podrán dirigir promociones o bonificaciones a los individuos registrados. Este instrumento legal y tecnológico facultará a cualquier ciudadano a registrarse por iniciativa propia para que se le prohíba estrictamente el ingreso a los juegos de azar en todo el territorio nacional. Conforme al artículo 38 de la propuesta, el registro será completamente gratuito, se podrá gestionar tanto en persona como electrónicamente, y mantendrá una vigencia mínima de seis meses. Una vez implementado, los proveedores de juegos de azar deberán verificar la plataforma antes de permitir la entrada a un establecimiento, crear una cuenta en línea o pagar un premio. Además, les estará prohibido enviar campañas de marketing o incentivos a los usuarios inscritos.
El propósito fundamental de este mecanismo no es una prohibición impuesta por el Estado, sino el apoyo a la determinación del propio ciudadano. Al inscribirse, el Estado valida su decisión, haciéndola oponible y de cumplimiento obligatorio para los operadores. De esta forma, la responsabilidad legal y la verificación recaen exclusivamente en las empresas del sector, ofreciendo una protección activa a quienes luchan contra la adicción.
Protección económica y veto de financiamiento
Para prevenir el endeudamiento de los participantes, el artículo 30 de la ley prohíbe expresamente a los establecimientos y a sus entidades vinculadas conceder préstamos o créditos destinados a continuar con las apuestas. Asimismo, se impide la aceptación de bienes, valores o acciones como forma de pago.
Recursos asegurados para la salud mental
En el ámbito de la salud pública, el artículo 170 establece un avance financiero significativo: el 10% del total de las multas recaudadas en el sector se destinará exclusivamente a programas de prevención, asistencia y tratamiento de la ludopatía. Estos fondos serán administrados en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Como medida complementaria inmediata, el artículo 34 dispone la creación de una línea telefónica gratuita de atención continua, que estará a cargo de profesionales cualificados en salud mental.
