La Unión Nacional de Empresarios (UNE) ha propuesto a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) implementar un sistema de fiscalización tributaria que considere el tamaño y el historial de riesgo de cada compañía. Esta iniciativa busca aligerar las cargas administrativas para las empresas de menor tamaño y optimizar los recursos de la DGII, enfocando los controles en los contribuyentes con mayor probabilidad de incumplimiento, sin disminuir el nivel de supervisión general.
Las empresas no deberían ser evaluadas con los mismos criterios de supervisión fiscal, sin importar su envergadura, configuración o conducta ante el fisco. Con base en este argumento, la Unión Nacional de Empresarios (UNE) sugirió a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) emplear el historial y el grado de riesgo de cada contribuyente para determinar dónde dirigir las inspecciones.
La propuesta fue presentada por el presidente de la UNE, Julio García Batista, en una reunión de negocios con el director general de la DGII, Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni. En dicho encuentro, el sector privado también planteó la necesidad de disminuir las responsabilidades administrativas y evitar que ciertas obligaciones fiscales retengan fondos esenciales para mantener las operaciones.
La agrupación sostiene que una gran corporación y una pequeña empresa familiar poseen realidades económicas y administrativas diferentes, por lo que aplicarles métodos idénticos de fiscalización podría generar una carga excesiva para los negocios de menor escala.
“Con información mejorada y criterios más equitativos, la DGII puede ser más precisa al exigir y más ágil con aquellos que ya demuestran una buena conducta tributaria”, afirmó García Batista.
La iniciativa considera que elementos como el historial de cumplimiento, la magnitud de la empresa, la naturaleza del negocio y otros indicadores objetivos deben ser tomados en cuenta para establecer el nivel de control que corresponde a cada contribuyente. El planteamiento busca que la tecnología accesible en la Administración Tributaria permita identificar con mayor exactitud dónde existen mayores posibilidades de incumplimiento, en lugar de aplicar una exigencia similar a empresas que muestran comportamientos fiscales distintos.
La UNE también solicitó revisar las retenciones del ITBIS para que se ajusten al nivel de riesgo de cada contribuyente y adaptar los anticipos del Impuesto sobre la Renta al rendimiento real de los negocios durante el año. A esto se añade la petición de acelerar la devolución y compensación de los saldos a favor, dado que esos recursos pueden permanecer inmovilizados por meses y restringir el capital disponible para las actividades empresariales.
El asunto tiene una relevancia particular entre las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 98.7 % del entramado empresarial formal del país, según los datos citados por la organización. Para estos negocios, la disponibilidad de efectivo puede ser crucial para adquirir inventario, cumplir compromisos y conservar empleos.
Durante la reunión, Urrutia Sangiovanni resaltó los avances de la DGII en cuanto a simplificación. Informó que la institución incrementó de 33 a 68 los trámites simplificados en menos de dos meses y mantiene otros 88 en fase de transformación. El funcionario explicó que la Administración Tributaria gestiona actualmente 421 trámites, de los cuales 156 han sido simplificados o están en revisión, lo que equivale al 37.1 % del catálogo institucional.
Para la UNE, este proceso de cambio puede complementarse con un modelo de fiscalización basado en la información, especialmente a partir del progreso de la facturación electrónica, que ya supera los 80,000 contribuyentes emisores. La organización planteó que los datos que la DGII recibe de forma electrónica sean aprovechados para disminuir la cantidad de información que las empresas deben entregar repetidamente a través de diferentes procedimientos.
El debate también se relaciona con uno de los principales desafíos del sistema tributario dominicano: expandir la base de contribuyentes y reducir el incumplimiento. La UNE mencionó que la informalidad laboral rondó el 54 % durante 2025 y que estudios recientes sitúan el incumplimiento del ITBIS por encima del 36 %.
Para el sector empresarial, una fiscalización más dirigida permitiría concentrar los recursos de la Administración Tributaria en los contribuyentes que presentan mayores indicios de riesgo, mientras se disminuyen las exigencias para quienes mantienen una conducta fiscal consistente.
“Ninguna de estas ideas implica menos supervisión”, sostuvo García Batista, al argumentar que una Administración Tributaria con mayor información puede fortalecer la fiscalización y, al mismo tiempo, facilitar la relación con quienes cumplen.
La UNE considera que este enfoque también podría contribuir a la formalización, ya que la incorporación de nuevas empresas al sistema y el cierre de espacios para la evasión ampliarían la base tributaria sin depender exclusivamente de una mayor presión sobre los contribuyentes que ya forman parte de ella.
La organización reiteró su disposición a colaborar con la DGII en una agenda de simplificación, formalización y eficiencia tributaria, con el fin de que el nivel de control responda cada vez más al comportamiento y al riesgo de cada empresa.
