La Comisión Permanente de Familia de la Cámara de Diputados y el Frente Parlamentario contra el Hambre han demandado explicaciones al titular del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Rafael Adolfo Pérez de León. La solicitud se centró en el estado actual de la alimentación escolar y en diversas inquietudes relacionadas con la contratación de proveedores, buscando transparencia y soluciones a las problemáticas reportadas.
La Comisión Permanente de Familia de la Cámara de Diputados, en conjunto con el Frente Parlamentario contra el Hambre, requirieron aclaraciones al director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Rafael Adolfo Pérez de León, acerca de la situación del programa de alimentación en las escuelas. Los representantes realizaron sus interrogantes durante una visita que Pérez de León efectuó a la Cámara, según comunicó la institución este lunes.
Los integrantes de la Comisión y del Frente Parlamentario contra el Hambre expresaron su interés en conocer las “medidas adoptadas frente a situaciones vinculadas con la alimentación estudiantil” y en “resolver dudas” sobre los procesos de contratación de las empresas proveedoras. La reunión fue solicitada por la diputada Nelsa Shoraya Suárez Ariza, quien preside la Comisión Permanente de Familia y el Frente Parlamentario contra el Hambre, con el propósito de que el funcionario “ofreciera un informe” sobre diversos casos planteados.
“Como legisladores, nos encontramos preocupados. Han surgido algunas denuncias sobre leche en mal estado y ciertos contratos; deseamos tener claridad respecto a lo que está sucediendo”, expresó Suárez durante el encuentro. En relación con los incidentes de estudiantes que sufrieron intoxicación tras consumir leche en una institución educativa de Santiago, Pérez de León puntualizó que se trató de un único episodio durante las tres primeras semanas del ciclo escolar.
Explicó que el Inabie distribuye aproximadamente 2 millones de porciones de leche diariamente y que, ante la situación presentada en Santiago, se rescindió el contrato con la compañía proveedora. Además, indicó que, posterior a este suceso, se llevó a cabo una verificación en el centro educativo para confirmar el correcto funcionamiento de todo. Pérez de León también informó que, en las primeras tres semanas de clases, 44 proveedores fueron suspendidos por no cumplir con los estándares establecidos.
Otro de los asuntos abordados fue la contratación de jóvenes mayores de edad, originarios de Azua, para suministrar almuerzos escolares en San Pedro de Macorís. Pérez de León aclaró que, si bien los jóvenes provienen de Azua, las cocinas desde las cuales prestan el servicio se encuentran ubicadas en San Pedro de Macorís y satisfacen los requisitos establecidos para ser proveedores del Estado.
