El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) ha aclarado que la asignación de contratos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no garantiza un pago automático, sino que está sujeta a una estricta supervisión. Esta declaración surge en un contexto de escrutinio público por la adjudicación de licitaciones a empresas jóvenes y con poca trayectoria. La institución enfatiza que los pagos se realizarán solo por las raciones entregadas y que se mantendrá una vigilancia continua sobre los proveedores.
El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) comunicó, mediante un comunicado de prensa, que la asignación de acuerdos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no equivale a una 'transferencia automática de fondos'. La institución afirmó que ejercerá una vigilancia ininterrumpida sobre los proveedores seleccionados para los períodos 2026-2027 y 2027-2028.
Cabe recordar que la entidad ha sido objeto de críticas por otorgar una licitación valorada en RD$110 millones a individuos de entre 19 y 24 años en Azua. Estas empresas, de reciente creación, carecen de respaldo crediticio y están ubicadas a más de 100 kilómetros de las escuelas de San Pedro de Macorís donde deben entregar los alimentos.
INABIE explicó que el monto total de cada contrato no implica una entrega instantánea de recursos económicos a los proveedores. En cambio, el pago 'corresponde al valor del servicio por las raciones alimentarias efectivamente suministradas y está sujeto a la supervisión institucional'.
En este sentido, el INABIE subrayó que todos los contratistas estarán bajo un seguimiento e inspección constantes para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas, sanitarias y operativas requeridas.
La entidad aseguró que, si durante la ejecución del contrato se detecta que un proveedor incumple con las exigencias establecidas, se implementarán las acciones administrativas pertinentes, sin importar que haya calificado inicialmente como adjudicatario.
En cuanto a los criterios de selección, el organismo detalló que en el proceso participaron 2,644 proponentes y 1,729 resultaron seleccionados a través de 34 licitaciones territoriales dirigidas a MIPYMES.
Asimismo, aclaró que la reciente constitución de una empresa no es un impedimento legal para participar, siempre que las compañías hayan demostrado su capacidad económica mediante estados financieros provisionales firmados por un contador público autorizado (CPA) y la disponibilidad de crédito bancario o comercial.
