El Gobierno ha puesto en marcha una iniciativa para detener las ocupaciones no autorizadas de terrenos vinculados a la Reforma Agraria, con el fin de proteger la seguridad jurídica de los agricultores. Este plan, coordinado por los ministerios de Justicia y Agricultura junto al IAD, busca intervenir en las zonas afectadas y establecer una ruta para la regularización y titulación de las propiedades. La medida responde a denuncias de organizaciones campesinas sobre prácticas fraudulentas que amenazan la estabilidad productiva y la integridad de los trabajadores del campo.
El Ejecutivo ha puesto en marcha un esquema para detener las "intrusiones y ocupaciones ilegales" de propiedades ligadas a iniciativas de la Reforma Agraria, según informó la Presidencia este martes. El procedimiento de acción tiene como objetivo intervenir en las áreas comprometidas por tales invasiones y ocupaciones, y "fortalecer la certeza legal de miles de agricultores a nivel nacional".
Las autoridades acordaron iniciar una inspección para determinar una "trayectoria crítica" de intervención legal, técnica y operativa en diversas localidades del país, donde los parceleros han sido perjudicados por la situación. Entre estas se encuentran: Mogollón (San Juan de la Maguana), Villa Riva (Duarte), Montecristi, Monte Plata y Villa Altagracia (San Cristóbal).
La estrategia fue acordada, luego de una reunión en el Ministerio de Agricultura, por el titular de Justicia, Antoliano Peralta, y su homólogo de Agricultura, Francisco Oliveiro Espaillat, junto al director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Darío Castillo Lugo, y representantes de las "principales" agrupaciones campesinas, detalló el Gobierno en un comunicado.
Las asociaciones de agricultores denunciaron durante el encuentro que "individuos inescrupulosos interesados en apropiarse de tierras recurren a diversas estratagemas", utilizando "supuestos abogados y alegados apadrinamientos de civiles, policías y militares para organizar planes destinados a desalojar a los productores legítimos de sus propiedades".
Para estas agrupaciones, tales acciones, además de poner en peligro la "estabilidad de la producción" y el "patrimonio de hombres y mujeres que han trabajado la tierra por años", también generan conflictos que "podrían poner en peligro su integridad física e incluso sus vidas".
Bajo este plan, se establecerá una comisión técnica interinstitucional encargada de registrar los casos, evaluar su estado legal y territorial, y proponer las acciones correspondientes, incluyendo mecanismos que permitan "avanzar" en la regularización y la emisión definitiva de títulos de propiedad.
El ministro de Justicia indicó que, "respetando el debido proceso", se "articularán los mecanismos legales" que posibiliten enfrentar estas situaciones, asegurar los derechos de los productores y salvaguardar las tierras asignadas por el Estado al fomento agrícola.
Por su parte, el ministro de Agricultura sostuvo que garantizar la seguridad sobre las tierras "constituye también una salvaguarda de la producción agropecuaria y de la seguridad alimentaria nacional". "Vamos a impulsar las medidas necesarias para que esos terrenos cumplan con el objetivo para el cual fueron designados: producir alimentos y generar bienestar en el campo dominicano", afirmó Oliveiro.
El Gobierno señaló que el protocolo incluirá sistemas de seguimiento entre Justicia, Agricultura y el IAD, con la participación de las organizaciones campesinas, y se acatará el "debido proceso" y el marco legal vigente para responder a los casos identificados y prevenir nuevas afectaciones.
