La Superintendencia de Bancos (SB) ha introducido un nuevo procedimiento que permite a las entidades financieras solicitar la desactivación de obligaciones de información regulatoria que no sean pertinentes a sus operaciones. Esta medida, parte de la Estrategia SIMA, busca mejorar la eficiencia del cumplimiento normativo y disminuir las cargas operativas innecesarias, enfocando los recursos de las entidades en los requisitos que realmente les conciernen.
La Superintendencia de Bancos (SB) ha establecido un procedimiento mediante el cual las instituciones de intermediación financiera, los intermediarios cambiarios y las fiduciarias pueden pedir una evaluación para la desactivación de compromisos relacionados con la información regulatoria que no se ajusten a la naturaleza de sus actividades. Esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Simplificación, Modernización y Autogestión del Cumplimiento Regulatorio (SIMA), un plan impulsado por la SB para reforzar la eficacia del cumplimiento normativo, disminuir las cargas operativas innecesarias y concentrar los esfuerzos de las entidades supervisadas en las obligaciones que les corresponden verdaderamente.
La normativa, detallada en la Circular SB: CSB-REG-2026000016, establece un proceso formal de evaluación basado en riesgos para determinar la viabilidad de las solicitudes de desactivación y subsiguiente reactivación de los requisitos de información. La SB explicó que, bajo el esquema previamente vigente, las entidades tenían que enviar todos los informes estipulados en la regulación aplicable, incluso cuando no generaban datos para un periodo específico, a través de archivos vacíos o la carga de documentos en blanco.
“Aunque este sistema ha contribuido a fortalecer los controles de cumplimiento, también representa una carga operativa para las entidades cuya naturaleza o modelo de negocio hace que ciertas obligaciones sean permanentemente inaplicables”, manifestó la entidad supervisora.
Con la nueva disposición, las entidades podrán identificar aquellos requerimientos que no guarden relación con las operaciones que llevan a cabo y solicitar formalmente su evaluación para una posible desactivación. La Superintendencia analizará cada caso y determinará si procede la exclusión de la obligación correspondiente, manteniendo en todo momento la calidad, oportunidad y trazabilidad de la información necesaria para las tareas de supervisión.
La institución resaltó que la simplificación de la presentación de informes regulatorios está en sintonía con los objetivos promovidos por el programa Burocracia Cero, una de las iniciativas emblemáticas vinculadas a la agenda de transformación del Estado y a Meta 2036, y orientada a incrementar la productividad y la eficiencia institucional. Asimismo, recordó que toda obligación que permanezca activa deberá seguir cumpliéndose conforme a los plazos y condiciones establecidos en la normativa vigente, aun cuando no existan operaciones que reportar.
