La audiencia para determinar la medida de coerción contra Johnny González, implicado en el presunto ataque con arma blanca a Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, ha sido reprogramada para el 22 de septiembre. Este suceso, ocurrido en el sector Serrallés, Distrito Nacional, se investiga como un posible intento de asalto. El Ministerio Público ha solicitado tres meses de prisión preventiva para el acusado.
La revisión de la medida de coerción contra Johnny González, quien enfrenta cargos por supuestamente herir con un objeto punzocortante a Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk durante un supuesto intento de robo en la madrugada del 12 de septiembre en Serrallés, Distrito Nacional, se ha postergado hasta el martes 22 de septiembre.
Manuel García, representante legal de Mejía-Ricart, comunicó que la sesión judicial, inicialmente fijada para este jueves, fue diferida para permitir que ambas partes presenten los antecedentes del caso. Es relevante recordar que el Ministerio Público ha solicitado una reclusión preventiva de tres meses para González. La audiencia se llevará a cabo en la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La abogada Sonia Marlene Guerrero explicó que González podría enfrentar una sentencia de hasta 23 años de reclusión si es declarado culpable, ya que la legislación penal actual permite la acumulación de penas cuando una persona es hallada responsable de múltiples infracciones.
La jurista detalló que las posibles sanciones dependerían de la severidad de las heridas y de las condiciones del supuesto hurto. Señaló que las lesiones permanentes podrían acarrear hasta diez años de encarcelamiento, mientras que aquellas que requieran menos de 90 días para su recuperación podrían implicar hasta tres años.
Respecto al presunto robo, Guerrero indicó que, al tratarse de un incidente supuestamente cometido durante la noche, utilizando una motocicleta, un arma y violencia, la condena podría alcanzar los 20 años. Al aplicar la suma de penas, sostuvo, la sentencia podría ascender a los 23 años.
La abogada aclaró que, aunque el acusado no haya logrado despojar a la víctima de sus pertenencias, el intento de perpetrar el robo también puede generar consecuencias legales. “No se llevó nada, pero sí manifestó la intención real de asaltarlo, de sustraer una propiedad ajena”, afirmó Guerrero en una entrevista en Enfoque Final.
Guerrero también consideró fundamental que el Ministerio Público profundice en las indagaciones para establecer si la agresión estuvo ligada únicamente a un presunto intento de asalto o si existió otra motivación detrás del ataque. La abogada incluso sugirió que, si se demostrara que González fue enviado deliberadamente para agredir a Mejía-Ricart, el caso podría implicar otra figura penal contemplada en la nueva legislación.
“Sería necesario investigar más a fondo cuál es la conexión, si esa persona fue enviada a agredir a ese joven”, sostuvo la jurista. Añadió que, de comprobarse que fue comisionado para ejecutar la agresión, se estaría ante una situación que podría ser investigada bajo el concepto de sicariato.
Según la versión inicial de la Policía Nacional, el suceso ocurrió cuando Mejía-Ricart se dirigía al vestíbulo de la torre donde vive, después de estacionar su vehículo en las inmediaciones. De acuerdo con la institución, González, quien se desplazaba en motocicleta en busca de una posible víctima, habría seguido al joven hasta el vestíbulo e intentado interceptarlo.
La Policía señaló que, ante la resistencia de Mejía-Ricart, el imputado presuntamente le causó varias puñaladas con un arma blanca y posteriormente huyó en la motocicleta sin lograr concretar el robo. González se encuentra detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.
