El Consejo de Ministros de República Dominicana, liderado por el presidente Luis Abinader, ha dado su visto bueno al Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2027. Este presupuesto, que asciende a más de RD$2 billones, prioriza inversiones en desarrollo, educación, salud y programas sociales, buscando impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La propuesta será remitida al Congreso Nacional para su aprobación final.
El presidente Luis Abinader, acompañado por la vicepresidenta Raquel Peña, presidió el sexagésimo Consejo de Ministros este jueves. Durante la sesión, se dio luz verde al Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2027, que asciende a un total de RD$2,036,844.2 millones de pesos. La información fue compartida con los medios por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en su rol de secretario técnico del Consejo, junto al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, Domingo Matías; y el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.
“Hoy celebramos una nueva reunión del Consejo de Ministros donde se aprobó la propuesta de Presupuesto General del Estado para el año 2027, con un total de desembolsos que ronda los RD$2.037 billones de pesos. Esto reafirma el compromiso del Gobierno de enfocar las inversiones en áreas que fomenten el progreso y mejoren las condiciones de vida de nuestra población”, puntualizó Paliza.
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, resaltó que esta propuesta presupuestaria se enmarca en un contexto donde la economía dominicana demuestra su capacidad de recuperación, con un crecimiento del 4.5 %, una disminución de la inflación y reservas internacionales que superan los US$15,000 millones.
“Pese a las circunstancias actuales, el país sigue avanzando; la economía, como ha demostrado constantemente, es resistente”, afirmó Díaz. Explicó que el Presupuesto 2027 tiene como meta “mantener el gasto en capital, un déficit fiscal prudente, un incremento mayor en el gasto de capital que en el gasto corriente, y sostener las prioridades gubernamentales en educación, salud y programas de protección social”.
El proyecto prevé ingresos por RD$1,510,574.5 millones, lo que equivale al 15.7% del Producto Interno Bruto (PIB), y un límite de gasto de RD$1,837,856.0 millones (19.2% del PIB). Estas asignaciones se basan en un escenario macroeconómico que proyecta un crecimiento del PIB real del 4.75% y una inflación controlada en torno al 4.5% en promedio.
“El gasto de capital experimentará un notable incremento del 19.7% en comparación con el presupuesto inicial de 2026. Paralelamente, el gasto corriente mostrará un aumento más moderado del 12.3%, lo que refleja la eficiencia y el control en la gestión del sector público para dar prioridad a la inversión a largo plazo”, indicó Rijo Presbot.
La propuesta presupuestaria da continuidad a las directrices establecidas en la Política Presupuestaria 2027, aprobada por el Consejo de Ministros en su quincuagésima novena sesión, realizada en julio pasado. Organiza el gasto público en función de los objetivos estratégicos de Meta RD 2036 y las diez metas prioritarias del gobierno.
Entre sus pilares fundamentales se encuentran el fortalecimiento del capital humano, el desarrollo del capital físico, el aumento de la productividad y la consolidación de la institucionalidad, manteniendo como prioridades la inversión pública y la atención de las necesidades sociales.
En lo que respecta a salud y protección social, el presupuesto asigna fondos para la continuidad y finalización de hospitales estratégicos, el fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la expansión de la Red Nacional de Emergencias y la continuidad de los programas sociales dirigidos a la población.
La inversión en infraestructura es otro de los ejes de la planificación presupuestaria para 2027, con un enfoque en autopistas y sistemas de transporte integrado, así como en proyectos de agua potable, saneamiento y mejoras habitacionales.
De igual modo, la propuesta contempla el fortalecimiento de la seguridad jurídica e institucional mediante un aumento de recursos para el Poder Judicial, además de inversiones destinadas a la seguridad ciudadana y fronteriza, y al sistema penitenciario.
El proyecto será enviado al Congreso Nacional antes del primero de octubre para su revisión, de acuerdo con el procedimiento establecido para la aprobación del Presupuesto General del Estado.
El Gobierno enfatizó que la elaboración del Presupuesto General del Estado para 2027 busca mantener un equilibrio entre la atención a las prioridades sociales, la inversión necesaria para impulsar el crecimiento económico y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Directrices de Gasto y Proyectos Estratégicos
Las políticas de gasto para 2027 se basan en asegurar el acceso a derechos fundamentales y elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Para el sector educativo, se mantiene el compromiso de destinar el 4% del PIB, con el objetivo de respaldar el Plan Decenal de Educación Horizonte 2034, potenciar la formación técnico-profesional y expandir el sistema de transporte escolar.
En las áreas de salud y vivienda, los fondos impulsarán la infraestructura hospitalaria y asegurarán la continuidad del programa habitacional de gran impacto “Mi Vivienda”. Asimismo, los recursos se dirigirán a proyectos que fomentan el desarrollo productivo y la resiliencia territorial.
Entre las obras más destacadas se encuentran la construcción del Monorriel de Santiago de los Caballeros, la asignación de impuestos a proyectos de saneamiento universal en zonas turísticas y costeras, y la ampliación de la capacidad de transporte de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo.
Consejo Conoce Anteproyecto de Ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
Como segundo punto en la agenda, el Consejo de Ministros revisó el anteproyecto de Ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que será enviado al Congreso Nacional para seguir el proceso legislativo correspondiente.
Esta propuesta se enmarca en la Ley núm. 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, y busca otorgar fuerza normativa al Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, estableciendo el marco para su ejecución y su articulación con los instrumentos regionales y municipales.
Este instrumento permitirá al país contar con una visión unificada para organizar el territorio, guiar el uso del suelo y promover una ocupación más lógica y sostenible, aprovechando las oportunidades y potencialidades de cada área y contribuyendo a la protección de los recursos naturales.
Además, incorpora criterios de sostenibilidad ambiental, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático como elementos esenciales en los procesos de planificación y ordenamiento territorial.
