Un considerable operativo policial se ha desplegado hoy en los alrededores de la Procuraduría General de la República, a raíz del traslado de varios médicos detenidos. Estos individuos están implicados en el caso Senasa 2.0, una investigación sobre una supuesta red de fraude que ha llevado a múltiples allanamientos y detenciones en distintas localidades del país, liderados por la PEPCA.
Un extenso despliegue de fuerzas de seguridad se observa este viernes en las inmediaciones de la Procuraduría General de la República. Esto ocurre después de que varios profesionales de la medicina, previamente aprehendidos, fueran llevados a dicho lugar para dar continuidad a las averiguaciones relacionadas con el expediente Senasa 2.0. Desde las primeras horas de la jornada, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) llevó a cabo múltiples registros en diversas zonas geográficas de la nación.
Estas acciones se enmarcan dentro de las indagaciones que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) está realizando en torno a una presunta estructura delictiva dedicada al fraude, que habría causado perjuicios al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Las autoridades están investigando supuestas irregularidades en la emisión de facturas por servicios médicos, la redacción de recetas, la presentación de reclamaciones por procedimientos inexistentes y la falsificación de firmas con el objetivo de sustraer fondos públicos.
Actualmente, el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y recopilación de pruebas, mediante operaciones de entrada y registro. Con los interrogatorios en curso en la sede principal del organismo persecutor, se anticipa que en las próximas horas el Ministerio Público presentará formalmente las solicitudes de medidas de coerción contra los profesionales y contratistas involucrados.
Entre los principales individuos señalados por el Ministerio Público figuran el exdirector del Seguro Nacional de Salud, Santiago Hazim, junto a los exfuncionarios y contratistas Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez, además de otros colaboradores de la entidad gubernamental. A la lista de acusados se suman Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo. Estos últimos admitieron ante la justicia haber efectuado el pago de sobornos y actos ilícitos a la cúpula directiva de la ARS, un acuerdo de colaboración que les permitió obtener la medida de coerción de arresto domiciliario.
Las pesquisas del organismo persecutor determinan que esta red ejecutó un desfalco al erario que inicialmente se estimó en 15,000 millones de pesos, pero que análisis financieros recientes elevan por encima de los 19,000 millones. De acuerdo con el expediente, la estructura fraudulenta operó de manera ininterrumpida entre los años 2020 y 2025 en detrimento del sistema público de salud.
La acusación formal contempla los delitos de asociación ilícita, coalición de funcionarios, prevaricación, malversación de fondos, estafa agravada contra el Estado, soborno, blanqueo de capitales y falsificación de documentos públicos y privados. Desde la Procuraduría se reiteró que las investigaciones continúan abiertas, por lo que no se descarta la inclusión de nuevos profesionales, empresarios y entidades jurídicas en el expediente a medida que avancen los operativos.
