Un tribunal del Distrito Nacional ha ordenado tres meses de prisión preventiva para Wirme Manuel Geraldo, acusado del fallecimiento de su pareja, Yanely Yohanna Soto, en el sector San Carlos. La investigación indica que el suceso ocurrió tras la jornada laboral de la víctima, quien fue agredida y posteriormente encontrada por una colega, falleciendo días después por las heridas. Las autoridades argumentan que existen pruebas suficientes que vinculan al imputado con el crimen.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional ha dictado una medida de coerción de tres meses de prisión preventiva en contra de Wirme Manuel Geraldo. El Ministerio Público lo acusa de la muerte de su pareja, Yanely Yohanna Soto, en un incidente que tuvo lugar en el barrio San Carlos.
Según lo que se ha podido establecer en la investigación, el suceso ocurrió durante la noche del 6 de septiembre. En esa fecha, el acusado supuestamente se dirigió a una agencia de lotería donde trabajaba la fallecida y esperó a que ella terminara su horario. Posteriormente, conforme al expediente, la habría atacado con un objeto contundente y se marchó del lugar, dejándola con heridas graves.
La víctima fue hallada al día siguiente por una compañera de trabajo, quien dio aviso al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Soto fue trasladada a un centro médico, donde permaneció varios días internada en la unidad de cuidados intensivos, hasta que falleció el 12 de septiembre debido a las lesiones sufridas.
El imputado fue detenido el 13 de septiembre, mediante una orden judicial. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía del Distrito Nacional, afirma poseer evidencia que lo relaciona con el hecho y solicitó la prisión preventiva, considerando que existe un riesgo de fuga. Geraldo deberá cumplir esta medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en San Antonio de Guerra.
El juez Rigoberto Sena estableció el 17 de diciembre de 2026 como la fecha para la revisión obligatoria de la medida de coerción, mientras las autoridades continúan con el proceso judicial.
