El senador Franklin Romero ha instado a una profunda investigación sobre las condiciones de los reclusos en las prisiones dominicanas. Su objetivo es verificar el cumplimiento de los derechos fundamentales y la dignidad de los internos, dada la preocupación por denuncias existentes. Se busca una evaluación exhaustiva que garantice la transparencia y la rendición de cuentas en caso de hallar irregularidades.
El legislador por la provincia de Duarte, Franklin Romero, ha solicitado una indagatoria profunda sobre la situación de los individuos privados de su libertad en las prisiones del país. La intención es determinar si sus derechos esenciales están siendo plenamente salvaguardados. Romero expresó inquietud por las quejas y circunstancias que podrían estar afectando la dignidad y las garantías de los encarcelados, por lo que consideró imprescindible que las autoridades pertinentes lleven a cabo una evaluación imparcial y minuciosa de las condiciones en los centros de reclusión.
El representante político destacó que el artículo 120 del nuevo Código Penal especifica que “la persona que ostente autoridad o esté a cargo de un servicio público y cometa tortura o actos de barbarie será castigada con veinte a treinta años de cárcel mayor y una multa de treinta a cuarenta salarios mínimos del sector público”. Por ello, advirtió que la reclusión debe ejecutarse dentro del marco legal y respetando la dignidad humana.
El senador propuso que la investigación debe incluir tanto las condiciones materiales de las instalaciones penitenciarias como los procedimientos implementados por el personal encargado de la vigilancia de los internos, así como los sistemas existentes para recibir, examinar y responder a las denuncias. Igualmente, estimó relevante que los hallazgos de cualquier investigación se divulguen de forma transparente y que, de confirmarse anomalías, se establezcan las responsabilidades pertinentes y se tomen las acciones necesarias para prevenir la repetición de estas situaciones.
Romero reiteró su llamado a las autoridades responsables del sistema carcelario para que fortalezcan los mecanismos de supervisión y aseguren que el sistema de privación de libertad funcione bajo los principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas.
