Una investigación iniciada por autorizaciones médicas no reconocidas por afiliados ha evolucionado a lo largo de casi dos años, con allanamientos y procesos judiciales. La fase más reciente, denominada Operación Cobra 2.0-A, resultó en 28 detenciones y extendió el alcance del caso para incluir a médicos y proveedores de servicios de salud. Este proceso judicial ha desvelado un complejo entramado que ha captado la atención pública.
Lo que comenzó como una indagación sobre supuestas irregularidades en la aprobación de servicios médicos dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se ha transformado en un extenso expediente judicial. Este caso involucra a exfuncionarios, empresarios, profesionales de la medicina y proveedores de servicios sanitarios. La situación volvió a ser el centro de atención pública el viernes 18 de septiembre de 2026, cuando el Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra 2.0-A, una nueva etapa de las investigaciones que dejó 28 personas bajo arresto tras realizar 37 operativos en diversas localidades del país. Sin embargo, el origen de estas averiguaciones se remonta a casi dos años atrás.
Una denuncia en noviembre de 2024
Uno de los primeros antecedentes registrados ocurrió el 28 de noviembre de 2024, cuando SeNaSa interpuso una denuncia ante el Ministerio Público. Esto se produjo al detectar solicitudes de autorizaciones para procedimientos y consultas médicas que, posteriormente, fueron desconocidas por los afiliados cuyos datos aparecían en los registros. Desde ese momento, las autoridades comenzaron a profundizar las pesquisas sobre las autorizaciones, facturaciones y operaciones llevadas a cabo a través de la aseguradora estatal. Las indagaciones fueron creciendo y abrieron nuevas vías de investigación, relacionadas no solo con la prestación de servicios médicos, sino también con contratos, suministradores y la gestión de recursos dentro de SeNaSa.
Cambio de dirección en SeNaSa
Meses después, el 13 de agosto de 2025, Santiago Hazim dejó la Dirección Ejecutiva de SeNaSa. Dos días más tarde, el Gobierno anunció la designación de Edward Guzmán Padilla para ocupar dicho cargo. Para ese momento, las investigaciones sobre las operaciones de la aseguradora seguían avanzando, aunque todavía no se había producido la ofensiva judicial que meses después llevaría el caso a los tribunales. Fue en diciembre de ese mismo año cuando el expediente adquirió una dimensión diferente.
Diciembre de 2025: estalla la Operación Cobra
El Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra, mediante la cual se realizaron allanamientos y detenciones contra personas que, según la investigación, estarían vinculadas a un presunto esquema que habría operado en detrimento de la ARS estatal. Entre los arrestados se encontraba el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, además de antiguos funcionarios, empresarios y personas relacionadas con compañías proveedoras. El 11 de diciembre de 2025, el Ministerio Público presentó una solicitud de medidas de coerción de más de 500 páginas contra los primeros imputados y pidió que el expediente fuera declarado complejo. La acusación preliminar atribuyó diversos delitos a los investigados, entre ellos asociación de malhechores, coalición de funcionarios, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y lavado de activos. Cuatro días después, el 15 de diciembre, el tribunal impuso medidas de coerción contra los diez imputados de aquella primera fase. Siete recibieron prisión preventiva por un periodo de 18 meses, mientras que otros tres fueron enviados a arresto domiciliario. El Ministerio Público ha estimado en casi RD$16,000 millones el impacto económico atribuido al supuesto entramado investigado. Esta es una estimación sostenida por el órgano acusador dentro del proceso y no una cantidad establecida mediante sentencia definitiva.
Cobra no cerró las investigaciones
La judicialización de los primeros implicados no significó el fin de las pesquisas. Durante 2026, el Ministerio Público continuó rastreando operaciones y ampliando el número de personas bajo investigación. El enfoque comenzó a extenderse hacia otros actores que presuntamente habrían participado en diferentes niveles del esquema investigado. Entre ellos aparecieron médicos, prestadores de servicios de salud y personas relacionadas con procesos de autorización y facturación de servicios médicos. El 4 de septiembre de 2026, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió cuatro meses adicionales para completar las pesquisas y presentar la acusación contra los primeros procesados. El plazo fue extendido hasta el 11 de diciembre.
Nueve meses después llega Cobra 2.0-A
La segunda gran ofensiva del caso llegó el viernes 18 de septiembre de 2026. Ese día, decenas de fiscales y agentes policiales salieron desde temprano para ejecutar simultáneamente 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. El despliegue dejó 28 personas detenidas, entre ellas médicos, prestadores de servicios de salud y personas vinculadas al sector farmacéutico. En el operativo participaron 45 fiscales, alrededor de 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales. La nueva fase representa un cambio importante dentro del expediente: mientras la primera Operación Cobra concentró buena parte de sus actuaciones en antiguos funcionarios, empresarios y proveedores, Cobra 2.0-A profundiza en quienes presuntamente habrían participado en la ejecución de determinadas operaciones médicas y facturaciones investigadas.
Servicios que afiliados aseguran nunca recibieron
Entre los aspectos examinados en esta segunda etapa figuran presuntas autorizaciones y cobros correspondientes a procedimientos que algunos afiliados aseguran no haber solicitado ni recibido. Una de las líneas de investigación abarca 4,363 autorizaciones relacionadas con cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas, realizadas entre enero de 2021 y febrero de 2025, por aproximadamente RD$41.1 millones. Según la tesis investigativa del Ministerio Público, datos reales de afiliados habrían sido utilizados para gestionar autorizaciones y posteriormente generar facturaciones correspondientes a servicios que las personas consultadas durante las pesquisas negaron haber recibido. También se investigan posibles irregularidades relacionadas con firmas y documentos utilizados para respaldar algunas de esas operaciones.
Interrogatorios y una investigación que continúa
Este sábado 19 de septiembre, parte de los detenidos fue trasladada a la Procuraduría General de la República para continuar los interrogatorios, luego de permanecer bajo custodia tras los allanamientos. Ahora corresponde al Ministerio Público determinar la situación individual de cada detenido y establecer contra quiénes presentará solicitudes de medidas de coerción y cuáles serán las imputaciones específicas. Casi dos años después de aquella denuncia por autorizaciones médicas desconocidas por afiliados, el caso SeNaSa continúa ampliándose. La Operación Cobra 2.0-A abre una nueva etapa que traslada parte del foco hacia profesionales y prestadores de servicios de salud, mientras el expediente original contra los primeros imputados continúa su curso en los tribunales.
